El Tribunal Supremo ha confirmado que Álvaro García Ortiz, ex fiscal general del Estado, debe pagar en total 39.009 euros por los honorarios del abogado y la procuradora de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La letrada de la Administración de Justicia de la Sala de lo Penal ha rechazado las impugnaciones presentadas por la Fiscalía y la Abogacía del Estado contra esa cuantificación.
En un decreto, la funcionaria sostiene que «no resulta acreditada la existencia de una desproporción patente, manifiesta o notoria que permita calificar los honorarios incluidos en la tasación como excesivos». De esa cantidad, 38.508 euros corresponden a la minuta del letrado Gabriel Rodríguez-Ramos y 501 euros a los derechos de la procuradora. Para llegar a esa conclusión, la letrada tuvo en cuenta un informe del Colegio de Abogados de Alcalá de Henares, que consideró la cantidad reclamada «ajustada» atendiendo a la complejidad del procedimiento, el tiempo de dedicación y el trabajo desarrollado.
La cifra tiene su origen en la condena dictada en diciembre de 2025 por el propio Supremo contra García Ortiz por un delito de revelación de datos reservados de González Amador. La sentencia le impuso una multa de 7.200 euros, dos años de inhabilitación especial para el cargo de fiscal general, el pago de las costas procesales, incluidas las de la acusación particular, y una indemnización de 10.000 euros al empresario por daños morales. La condena dio paso a la fase de tasación de costas.
En ese procedimiento, el abogado presentó inicialmente una minuta de 64.778,78 euros sin IVA, que con el impuesto ascendía a 78.382,32 euros. Tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado, que ejerce la defensa de García Ortiz, impugnaron la tasación por considerar los honorarios y derechos «excesivos» e «indebidos». En un decreto de 26 de marzo de 2026, la letrada estimó parcialmente la impugnación por partidas indebidas y fijó el importe total en 39.009,48 euros. La nueva resolución confirma esa cifra tras rechazar las alegaciones posteriores de ambas partes.
La condena penal no es firme. Tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado han recurrido en amparo ante el Tribunal Constitucional, que por el momento no ha admitido a trámite esas impugnaciones. Mientras tanto, el Ministerio de Justicia tramita una petición de indulto, pese al informe en contra del Supremo que dictó la condena.
Durante el proceso, García Ortiz también tuvo que consignar una fianza. El juez Ángel Hurtado le impuso inicialmente 150.000 euros en el auto de apertura de juicio oral, la mitad de los 300.000 euros reclamados por la pareja de Ayuso, y finalmente la fianza quedó fijada en 75.000 euros para hacer frente a posibles condenas económicas.