El anteproyecto de Ley de Integridad Pública, promovido por el Ministerio de Justicia bajo la dirección de Félix Bolaños, ha recibido un duro revés por parte del Consejo de Estado. El máximo órgano consultivo del Gobierno ha emitido un informe en el que cuestiona la eficacia de la norma para combatir el fraude y alerta de que algunas de sus disposiciones podrían acarrear serios problemas para la seguridad jurídica. El documento, firmado por la exvicepresidenta socialista Carmen Calvo, presidenta del Consejo, expone argumentos contundentes contra la intención del Ejecutivo de modificar el sistema de transmisión de participaciones sociales.
El punto más controvertido de la ley es la propuesta de sustituir la escritura pública ante notario por un contrato privado con firma electrónica cualificada para la compraventa de participaciones. El Consejo de Estado advierte de que esta medida, lejos de aumentar la transparencia, podría favorecer la opacidad y debilitar los mecanismos de control preventivo. Según el informe, no queda acreditado que «los loables objetivos de lucha contra la corrupción puedan lograrse de ese modo». El órgano consultivo insta al Gobierno a revisar el contenido del anteproyecto, especialmente en lo relativo a la modificación del sistema general de obligaciones y contratos, «basado en la seguridad jurídica preventiva».
El Consejo de Estado se suma así a las críticas ya expresadas por otros organismos, como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la Comisión General de Codificación y el Consejo Fiscal. Todos ellos coinciden en que eliminar el control notarial previo podría dificultar el acceso a información esencial, como la capacidad jurídica de los firmantes, su libre disposición y consentimiento, o la verificación de la identidad de los participantes. Desde 2004, los notarios tienen la obligación de trasladar cada detalle de los contratos elevados a escritura pública a una base de datos centralizada, que es utilizada por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, fiscales y jueces para investigaciones de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
El informe del Consejo de Estado también critica el uso injustificado del procedimiento de urgencia para la tramitación parlamentaria de la ley. Sus miembros recuerdan que una modificación de este calibre «requiere un nivel de estudio difícilmente alcanzable en los plazos en que se concreta esa urgencia excepcional». El órgano consultivo viene insistiendo en la necesidad de hacer un uso restringido de las consultas urgentes, para poder cumplir adecuadamente sus funciones de estudio, valoración y recomendación.
Ante el aluvión de críticas, el Gobierno ha dado marcha atrás en algunos aspectos. El texto remitido al Consejo de Estado introdujo en el último momento la posibilidad de que la transmisión de participaciones se hiciera en escritura pública, dejando en manos de las partes la elección entre el documento privado con firma electrónica o el sistema actual. La Subsecretaría del Ministerio de Hacienda emitió una nota de valoración en la que reconocía que «diversos aportantes han cuestionado la modificación del sistema vigente basado en documento público, al entender que podría debilitar el control notarial y reducir garantías preventivas».
El Ejecutivo, sin embargo, asegura que no renuncia al núcleo de la reforma. La ley, aprobada en primera instancia por el Consejo de Ministros en febrero, busca modernizar los mecanismos de control y agilizar los trámites administrativos, pero los expertos advierten de que la eliminación del control notarial podría generar bloqueos en las sociedades limitadas y aumentar la opacidad en las operaciones. La Comisión General de Codificación ya había alertado de «importantes riesgos jurídicos» y de posibles bloqueos en el funcionamiento de las empresas.
El debate sobre la ley anticorrupción refleja la tensión entre la necesidad de agilizar los procesos y la importancia de mantener garantías jurídicas sólidas. El Consejo de Estado insiste en que cualquier cambio en el sistema de obligaciones y contratos «ha de desarrollarse con el tiempo proporcionado a la dimensión de la cuestión y con una participación reflexiva de todos los agentes afectados». Mientras tanto, el Gobierno deberá decidir si introduce nuevas modificaciones en el texto antes de su tramitación parlamentaria definitiva.