Los atentados del 11 de septiembre de 2001, cometidos por Al Qaeda y que causaron 2.977 muertes, desencadenaron una ola de islamofobia, represión migratoria y guerras que se extiende hasta nuestros días. Según el proyecto Costs of War de la Universidad de Brown, las guerras lanzadas por Estados Unidos tras los ataques han causado cerca de un millón de muertos en Afganistán, Irak, Pakistán y Yemen.
El 11S fue el único momento en que la OTAN activó el Artículo 5 para defender a un aliado, lo que llevó a la invasión de Kabul en octubre de 2001. En paralelo, se desató una represión institucional en Estados Unidos que incluyó redadas policiales, vigilancia comunitaria, procesos judiciales con la excusa del terrorismo y deportaciones masivas. El Congreso creó y amplió las facultades presidenciales para designar, detener y deportar a personas consideradas «terroristas» de forma unilateral.
La investigación de Costs of War señala que las autoridades estadounidenses han elaborado durante mucho tiempo programas para vigilar, hostigar, detener, torturar y deportar a personas sin ciudadanía que no son blancas, bajo la premisa de que resultan intrínsecamente sospechosas. Esta dinámica conecta directamente con la represión migratoria de la Administración Trump, un eje fundamental de su agenda ultra.
Tras el 11S, se impuso la idea de que no había suficiente control en las fronteras para impedir la entrada de terroristas. El presidente George W. Bush firmó la Homeland Security Act en 2002, creando el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), del que dependen agencias federales que hoy llevan a cabo la represión migratoria. El ICE, cuestionado por los demócratas por su papel de policía represora dependiente de Trump, nació como consecuencia del 11S dentro del DHS.
En enero de 2002 también se creó el campo de detención de Guantánamo, ideado de forma extraterritorial para eludir el control de los tribunales estadounidenses y las leyes internacionales. La mayoría de los casi 780 hombres y menores musulmanes que pasaron por allí estuvieron recluidos sin cargos ni juicio, y muchos fueron sometidos a abusos físicos y psicológicos.
Antes del 11S, la inmigración era gestionada por el Departamento de Justicia a través del INS, cuya cultura institucional difería de la del ICE. Tras los ataques, la política migratoria quedó vinculada explícitamente a conceptos de terrorismo, seguridad nacional y control fronterizo. El ICE nació durante la «guerra contra el terror» lanzada por Bush.
Los datos desmienten la asociación entre migración y delincuencia: los ciudadanos nativos en Estados Unidos registran una tasa de 1.221 encarcelados por cada 100.000 personas, mientras que los migrantes indocumentados presentan una tasa de 613 por cada 100.000, y los regularizados, la más baja, con 319. A pesar de ello, la Administración Trump sitúa a los migrantes en la diana como enemigos, pese a las repercusiones negativas para la economía estadounidense por perseguir a una mano de obra fundamental.
Ni el Congreso ni los tribunales han limitado de manera efectiva a los presidentes ni les han exigido rendir cuentas por sus amplias pretensiones de autoridad bélica y poderes de seguridad nacional, utilizados para justificar prácticas discriminatorias contra personas no ciudadanas. El legado del 11S, por tanto, no solo se mide en víctimas mortales, sino en un entramado institucional que sigue marcando la política migratoria y de seguridad de Estados Unidos.