El ministro de Cultura de Israel, Miki Zohar, ha anunciado que actuará de inmediato para revocar la ciudadanía israelí de los cineastas Yuval Abraham y Rachel Szor, codirectores del documental NAZA. La película, que denuncia que el ejército israelí atacó de forma deliberada a civiles en Gaza, obtuvo el Gran Premio del Jurado en el Festival de Venecia, y la reacción del ministro se produjo apenas un día después de conocerse el fallo del certamen italiano.
Zohar calificó el documental de «impactante» y acusó a los realizadores de «traicionar al Estado». En declaraciones difundidas a través de redes sociales, el ministro sostuvo que existe un «odio hacia uno mismo» en los creadores, a quienes reprochó estar dispuestos a dañar a su propio país «solo para recibir aplausos de antisemitas en todo el mundo». El anuncio de Zohar no especifica el mecanismo legal ni el calendario para llevar a cabo la retirada de la nacionalidad, un procedimiento que en Israel está sujeto a requisitos legales estrictos y que, en la práctica, rara vez se ha aplicado por motivos ideológicos o políticos.
La polémica se produce en un contexto de creciente tensión en torno a las voces críticas dentro de Israel respecto a la actuación militar en Gaza. NAZA se suma a una serie de obras audiovisuales que han documentado el conflicto desde perspectivas críticas con el Gobierno israelí y que han encontrado eco en festivales internacionales. El reconocimiento en Venecia convirtió a la película en uno de los títulos más comentados de la temporada, y la reacción del ministro de Cultura ha ampliado aún más su visibilidad.
Yuval Abraham y Rachel Szor son ciudadanos israelíes y han desarrollado su carrera en el ámbito del documental. La amenaza de revocar su nacionalidad representa una escalada inusual en el discurso oficial hacia los creadores culturales, y plantea interrogantes sobre los límites de la libertad de expresión y la relación entre el Estado y los artistas que critican sus políticas. Hasta el momento, ninguno de los dos directores ha respondido públicamente al anuncio del ministro.
La decisión de Zohar también ha reavivado el debate sobre el papel de las instituciones culturales israelíes y su financiación, así como sobre las consecuencias que pueden enfrentar quienes participan en proyectos percibidos como hostiles a la imagen del país. El caso de NAZA se inscribe en una tendencia más amplia de politización de los festivales de cine, donde las películas sobre el conflicto israelí-palestino suelen generar reacciones encontradas tanto dentro como fuera de Israel.
El anuncio del ministro no aclara si la revocación de la ciudadanía afectaría también a otros miembros del equipo de la película o si se limita exclusivamente a sus dos directores. Tampoco se ha precisado si el Gobierno israelí tiene previsto adoptar medidas adicionales contra la producción o su distribución internacional. Por el momento, se trata de una declaración política que deberá concretarse, en su caso, a través de los cauces legales correspondientes.