Un juzgado de instrucción de Gijón ha decretado la libertad de diez miembros de Núcleo Nacional, la organización de ultraderecha cuyos integrantes fueron detenidos el viernes en distintos puntos de España. La operación, dirigida por la Comisaría General de Información de la Policía Nacional, dejó catorce detenidos en total. De ellos, diez han quedado ya en libertad con medidas cautelares, mientras que la investigación continúa abierta.
Las medidas impuestas a los diez liberados incluyen la prohibición de salir del país, la retirada del pasaporte y la obligación de presentarse cada semana ante el juzgado. Los investigados están acusados, por ahora, de incitación al odio y de asociación ilícita. A algunos de ellos se les atribuye además un delito de tenencia ilícita de armas, ya que durante los registros se incautaron manoplas y pistolas eléctricas. Los cargos podrían cambiar a medida que avancen las pesquisas, según las fuentes consultadas. Buena parte de los detenidos disponía de licencia de armas, un dato que la investigación tendrá que valorar junto con el material intervenido.
Los registros se llevaron a cabo en siete provincias: Asturias, Madrid, Guadalajara, Burgos, Alicante, Pontevedra y Valladolid. Entre los escenarios figura la sede de la organización en Madrid, un punto central en el dispositivo policial. De los diez detenidos ahora liberados, uno fue arrestado en Gijón y dos en Avilés, lo que sitúa a Asturias como uno de los núcleos de la operación. Según las fuentes consultadas, siete de los investigados serían los presuntos dirigentes del grupo, por lo que el peso de la pesquisa recae sobre la cúpula de la organización.
La operación tiene su origen, en buena medida, en un acto de exaltación fascista celebrado en febrero en Gijón, cerca del monumento a los Héroes de Simancas. Aquel episodio llevó al Gobierno del Principado de Asturias a pedir al Ministerio del Interior la disolución de los grupos de ultraderecha que lo promovieron. El caso se ha cruzado también con la polémica sobre la retirada de ese monumento. Los jesuitas recurrieron la decisión ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), que suspendió la retirada como medida cautelar. El Gobierno central, sin embargo, sostiene que el traslado se hará igualmente pese a esa suspensión, de modo que el conflicto sobre el monumento sigue abierto mientras avanza la investigación penal contra el grupo.