La campaña para las elecciones generales del 29 de noviembre arranca con una agenda judicial cargada que afecta de lleno al Gobierno y al PSOE. Varias causas abiertas en la Audiencia Nacional, en la Fiscalía Europea y en otros juzgados coinciden en el calendario electoral y podrían tener repercusiones políticas en las semanas previas a la votación.
Uno de los frentes más sensibles es el de las cuentas del PSOE. La UCO pidió el 12 de noviembre información al Tribunal de Cuentas sobre las cuentas del partido. Paralelamente, el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno instruye una investigación secreta sobre pagos en efectivo realizados por el partido. Según las notas disponibles, la causa examina si los exministros José Luis Ábalos y Koldo García habrían blanqueado comisiones mediante liquidaciones de gastos. Los investigadores centran su atención en las debilidades de los controles de efectivo en las finanzas del partido, aunque el contenido concreto de las diligencias permanece bajo secreto.
La jueza María Tardón investiga, por su parte, la entrada masiva de migrantes procedente de Marruecos en Ceuta durante la crisis de 2025. La instrucción analiza la permisividad de las autoridades marroquíes y la respuesta de las españolas. El exdelegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, ha sido imputado el 12 de noviembre y deberá comparecer el 18 de noviembre ante la Audiencia Nacional, once días antes de los comicios. La magistrada quiere saber si los responsables recibieron advertencias del CNI y si actuaron en consecuencia.
En el ámbito europeo, la Fiscalía Europea ha abierto una investigación sobre los fondos destinados por el Ministerio de Igualdad a las pulseras antimaltrato. El presunto fraude afectaría a unos 42 millones de euros de fondos comunitarios. Según la información disponible, las pulseras habrían fallado, y la UCO apoya la investigación. La misma Fiscalía Europea ha abierto también una pesquisa sobre los fondos europeos destinados a la seguridad de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, un asunto que llega una semana después del accidente ferroviario de Adamuz, en Córdoba, y que el contexto disponible vincula con el siniestro de Urda, en Toledo.
La agenda judicial continúa los días 23 y 24 de noviembre. La ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, declarará como testigo el día 23 por el rescate a Air Europa. La lista de testigos incluye también a funcionarios de la SEPI, de Hacienda, de Patrimonio Nacional y de la CNMV. El mismo 24 de noviembre, el juez Pedraz ha citado como testigo a Cintia Rocho en el denominado caso Leire, una causa que investiga una presunta trama para desacreditar a jueces y fiscales vinculada al Gobierno y al PSOE. En esa instrucción se atribuye al exjuez Sáenz de Tejada haber pretendido «eliminar» a la jueza Beatriz Biedma. También está citado el exministro venezolano Nervis Villalobos.
El PP ha pedido que el PSOE sea imputado como persona jurídica en el caso Leire. Tanto los fiscales anticorrupción como el propio Pedraz han rechazado esa petición por prematura, por lo que la eventual imputación del partido podría quedar aplazada hasta después de las elecciones.