El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha manifestado su respaldo a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y al director adjunto operativo (DAO), teniente general Manuel Llamas, después de que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz los imputara por presuntos delitos de prevaricación y obstrucción a la justicia. Fuentes del Ministerio del Interior han asegurado que ambos continuarán desempeñando sus funciones «como hasta ahora» y que prestarán la «máxima colaboración con la Justicia» en todo lo que les sea requerido, descartando por el momento cualquier relevo en la cúpula del instituto armado.
La imputación se produce en el marco del caso Leire Díez, una investigación que indaga sobre una presunta trama destinada a obstaculizar procedimientos judiciales que afectaban al Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y al entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El juez Pedraz ha aceptado la solicitud presentada por la Fiscalía Anticorrupción, que también contó con el respaldo de las acusaciones populares unificadas bajo la dirección letrada del Partido Popular. Según la providencia judicial, González y Llamas deberán declarar ante el magistrado el próximo 16 de julio.
La decisión del juez se fundamenta en un informe de la Fiscalía Anticorrupción que detalla cómo la trama coordinada por la presunta «fontanera» del PSOE, Leire Díez, y por Santos Cerdán buscó «la implicación de organismos públicos (la Fiscalía General del Estado, la Dirección General de la Guardia Civil, la Subdirección de Nacionalidades del Ministerio de Justicia, el director del Banco de España…) con la ilícita finalidad de atacar la probidad de la actuación de la UCO de la Guardia Civil en sus investigaciones en estricto cumplimiento de sus funciones como policía judicial». El informe añade que, tras la declaración de hasta seis guardias civiles en calidad de testigos, la imputación de González es necesaria para garantizar sus derechos y para que pueda responder a extremos que ya constan en atestados de la UCO.
De acuerdo con las fuentes consultadas, los atestados de la UCO acreditan una relación personal entre Díez y González, y que la exmilitante socialista habría utilizado esa confianza para «cumplir con los fines que la organización criminal se había marcado en orden a neutralizar o entorpecer las investigaciones que la UCO». La Fiscalía se apoya también en declaraciones prestadas por, entre otros, el comandante Rubén Villalva, imputado en el caso Koldo.
Precisamente, la directora de la Guardia Civil declaró el pasado 16 de junio en el Senado a petición del PP para preguntarle, entre otras cosas, por los encuentros con Leire Díez y sus comunicaciones con ella tras ser informada formalmente de la causa. González aseguró entonces que nunca ha participado en ninguna actuación para perjudicar la labor de la Benemérita, que tampoco ha torpedeado ninguna investigación que afecte al Ejecutivo o al PSOE y, sobre Leire Díez, aseguró que nunca se había reunido con ella ni en la dirección general de la Guardia Civil ni en su despacho, pero sí en al menos dos ocasiones en una cafetería.
Desde las acusaciones populares, sin embargo, han indicado que el paso dado por el juez debería suponer la inmediata dimisión de ambos por respeto a la Guardia Civil. «La dimisión no debería ser para ellos una opción sino un deber», han señalado. No obstante, el Gobierno mantiene su postura de confianza y descarta cualquier cambio en la cúpula del instituto armado por el momento. El juez Pedraz, por su parte, ha considerado que no procede citar como investigado al antecesor de González en el cargo, Leonardo Marcos, tal y como solicitaba el PP, al entender que la conducta descrita respecto de él «per se» no integra ningún tipo penal.
El caso Leire Díez ha generado una gran atención mediática y política, al involucrar a altos cargos de la Guardia Civil y del Ministerio del Interior en una investigación sobre presuntas cloacas del PSOE. La imputación de González y Llamas añade una nueva dimensión al caso, que ya cuenta con varios imputados y testigos. La declaración del 16 de julio será clave para determinar la responsabilidad de los imputados y el futuro de la investigación.