El Gobierno de Pedro Sánchez ha concedido este martes un indulto parcial a la expresidenta del Parlamento de Cataluña, Laura Borràs, condenada a cuatro años y medio de prisión por los delitos de prevaricación administrativa y falsedad documental. La medida de gracia reduce la pena privativa de libertad a dos años, mientras que la multa y la inhabilitación especial para empleo o cargo público por cuatro años y un día se mantienen sin cambios.
Borràs fue condenada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por irregularidades cometidas durante su etapa al frente de la Institució de les Lletres Catalanes. En la propia sentencia, el tribunal consideró que la pena de prisión resultaba «desproporcionada y excesiva» y sugirió la concesión del indulto, argumento que el Gobierno ha utilizado para justificar la medida. La expresidenta del Parlament quedó excluida de la ley de amnistía negociada entre Junts y el Ejecutivo, al tratarse de delitos de corrupción no vinculados al proceso independentista.
El indulto a Borràs no ha sido el único aprobado en el último Consejo de Ministros del curso político. El Gobierno también ha concedido la medida de gracia al artista y gestor cultural Natalio Grueso, condenado a ocho años de prisión por malversación de caudales públicos y falsedad documental durante su gestión del Centro Niemeyer de Avilés. En su caso, el Ejecutivo alega «motivos humanitarios relacionados con su estado de salud» y el respaldo de numerosos artistas y profesionales del sector audiovisual, aunque el tribunal sentenciador no emitió un informe favorable. Grueso ingresó en prisión en diciembre de 2025 tras ser detenido en Portugal, donde permanecía huido desde hacía más de dos años.
Asimismo, el Consejo de Ministros ha indultado de forma parcial al exalcalde de Linares (Jaén) Juan Fernández Gutiérrez, condenado a tres años de cárcel por apropiarse de 125.700 euros de las cuentas del Grupo Municipal Socialista. La medida le conmuta la pena de prisión a dos años y mantiene la inhabilitación de siete años. La solicitud contó con el informe favorable del tribunal sentenciador y el apoyo del Ayuntamiento de Linares, de los grupos del PP y el PSOE locales, y de una asociación vecinal que recogió firmas a su favor.
Además, el Gobierno ha aprobado el indulto parcial de dos ciudadanos particulares condenados por delitos contra la salud pública, a quienes se les reduce la pena de prisión de tres y cuatro años y medio a dos años. Ambos casos contaban con informes favorables del tribunal sentenciador y de la Fiscalía.
La concesión de estos indultos coincide con el envío al Congreso del proyecto de ley de integridad pública, una de las medidas anunciadas por Pedro Sánchez tras la imputación de Santos Cerdán y presentada como una herramienta para luchar contra la corrupción. Según el presidente del Gobierno, la ley prevé la creación de «una agencia independiente de integridad pública con mayores funciones, que incorpora las aportaciones de organismos estatales, autonómicos y de la sociedad civil, y cada hito ha sido contar con el asesoramiento de la OCDE». La coincidencia temporal ha suscitado críticas de la oposición, que señala la contradicción entre la lucha contra la corrupción y el indulto a condenados por delitos de malversación y falsedad.
Borràs fue una figura destacada de Junts per Catalunya y presidió el Parlament entre 2021 y 2023. Su condena por corrupción la apartó de la primera línea política y generó tensiones internas en el partido independentista, que inicialmente presionó para incluirla en la ley de amnistía. Finalmente, el alcance de la norma no cubrió los delitos de corrupción, lo que obligó a buscar otras vías legales como el indulto.