Un total de doce magistrados de distintos tribunales han respaldado la actuación del juez Juan Carlos Peinado en la instrucción del caso que afecta a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno. Frente a las críticas del Ejecutivo, que ha calificado la investigación de espuria, los jueces han señalado en sus resoluciones la existencia de indicios delictivos y han justificado la necesidad de continuar con las pesquisas.
Según ha detallado OKDIARIO, dos secciones de la Audiencia Provincial de Madrid han avalado en líneas generales la causa y han delimitado el objeto de la instrucción en varios autos sucesivos. La Sección 23ª, compuesta por los magistrados Rosario Esteban, Jesús Gómez-Angulo y Enrique Jesús Bergés, ha ido moldeando el perímetro de la investigación desde su primera resolución, fechada el 29 de mayo de 2024. En decisiones posteriores, como la del 27 de octubre de 2025, la Sala ha insistido en que deben quedar excluidos los hechos relativos a Globalia, salvo que aparezcan datos realmente nuevos y de signo incriminatorio. No obstante, el núcleo central de la causa lo consideran suficientemente grave como para seguir investigando varios posibles delitos.
En un auto de mayo de 2025, los magistrados avalaron la línea de investigación sobre la Cátedra de Transformación Social Competitiva, al considerar que desde ahí se habrían urdido el resto de actividades sobre las que se proyecta la sospecha delictiva. Por su parte, la Sección 3ª, integrada por Eduardo Víctor Bermúdez, Rosa Esperanza Rebollo y Juan José Escalonilla, también ha intervenido: el 11 de diciembre de 2024 estimó un recurso de Vox y ordenó remitir a Peinado una querella que el Juzgado número 34 había inadmitido, al apreciar la conexión de los hechos susceptibles de ser delito.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha sido el encargado de frenar varios intentos de apartar a Peinado mediante querellas por prevaricación. Ha inadmitido ya cuatro, entre ellas la de la propia Begoña Gómez —resuelta por Francisco José Goyena, Jacobo Vigil y María Prado—, la de Pedro Sánchez a través de la Abogacía del Estado, la de un ex concejal socialista de Guadalajara y la del escritor Máximo Pradera. En su resolución sobre la querella de Begoña Gómez, el tribunal concluyó que las decisiones de Peinado no pueden considerarse injustas ni arbitrarias, y recordó que la revocación de una resolución judicial por vía de recurso no es sino la realización del sistema procesal en varias instancias.
La lista de jueces que han intervenido con autos y sentencias en los hechos y la instrucción incluye a Juan Carlos Peinado, Rosario Esteban, Jesús Gómez-Angulo, Enrique Bergés, Eduardo Víctor Bermúdez, Rosa Esperanza Rebollo, Juan José Escalonilla, Francisco José Goyena, Jacobo Vigil, María Prado, Celso Rodríguez y Jesús María Santos. Además, cuando Peinado estaba de vacaciones, otros dos jueces de Plaza de Castilla, Carlos Valle y Antonio Viejo, intervinieron en su condición de sustitutos naturales en la propia causa para dictar autos en la misma línea.
En otro plano, la Junta de Jueces de Instrucción de Madrid emitió el pasado 16 de abril de 2026 una declaración institucional en la que mostró su apoyo al magistrado titular de la plaza judicial número 41 de Madrid frente a lo que describió como ataques profesionales y personales. El comunicado respondía, entre otras, a las palabras del ministro Félix Bolaños, quien afirmó que la instrucción había avergonzado a muchos ciudadanos y a muchos jueces y magistrados en el país. Los jueces de instrucción replicaron que ese tipo de declaraciones tratan de socavar la confianza de los ciudadanos en los jueces. El texto concluye con una frase que ha resonado con fuerza en los mentideros judiciales: «La ley es igual para todos, sin privilegios».
A ellos se han sumado tres de las cuatro asociaciones judiciales del país, entre ellas la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura, que ha calificado de inadmisibles las palabras del ministro. Por su parte, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha ido cerrando, uno tras otro, los expedientes informativos abiertos contra Peinado por quejas de particulares. La Comisión Permanente acordó el pasado 24 de marzo de 2026 archivar cuatro de esas diligencias, en base al promotor de la acción disciplinaria, Ricardo Conde, partidario del archivo. No obstante, el CGPJ mantiene abiertas las dos quejas presentadas por el propio Bolaños, relativas a la forma en que el instructor le tomó declaración como testigo.
Precisamente a partir de este lunes, la Audiencia Provincial entra a deliberar las últimas decisiones clave de Peinado. Podrían avalar la apertura de juicio oral con tribunal de jurado, tal y como ha planteado el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, tumbar todo el caso o delimitar la causa en mayor o menor medida como han hecho otras veces. La resolución será seguida de cerca por todas las partes implicadas, dado el alcance político y judicial del caso.