La decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de adelantar las elecciones generales ha provocado la paralización inmediata de decenas de leyes y reformas que se encontraban en tramitación en el Congreso. La disolución de las Cortes pone el contador a cero en normas de gran calado que el Ejecutivo llevaba meses, y en algunos casos años, negociando. Entre las más afectadas destacan la reforma de la financiación autonómica, la condonación de la deuda de las comunidades, el Estatuto Marco sanitario y las principales medidas educativas.
En el ámbito económico, quedan en el aire dos de las grandes promesas de la legislatura. No saldrá adelante la reforma de la financiación autonómica, caducada desde 2014 y que el Gobierno había logrado sacar adelante en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Tampoco la condonación de 80.000 millones de euros de deuda pública de las comunidades autónomas, que permanecía atascada en la Comisión de Hacienda del Congreso desde finales de 2025. A ello se suma la ausencia de unos nuevos Presupuestos Generales del Estado. En materia laboral, la reducción de la jornada a 37,5 horas no ha prosperado, aunque el Ejecutivo confía en reforzar el registro horario mediante un reglamento en octubre. Otras reformas, como la transparencia salarial por sexos o la absorción de pluses del salario mínimo, también decaen. Los autónomos, a dos meses de que acabe el año, siguen sin conocer las cuotas de la Seguridad Social para 2027, algo que el Gobierno podría intentar aprobar vía real decreto-ley.
La gran apuesta de La Moncloa en materia digital, la Ley Orgánica para la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales, no verá la luz. Esta norma elevaba a 16 años la edad mínima para abrir una cuenta en redes sociales, creaba una aplicación para verificar la edad y hacía responsables a las tecnológicas de los daños causados por sus algoritmos. El vicepresidente Carlos Cuerpo tampoco podrá sacar adelante la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, un proyecto que ya decayó con el adelanto electoral de 2023. La reforma del FROB y la Ley de Industria y Autonomía Estratégica del ministro Jordi Hereu, en el Congreso desde 2024, corren la misma suerte. En el ámbito agrario, decae la Ley de Agricultura Familiar del ministro Luis Planas, que pretendía garantizar la continuidad de las explotaciones familiares, y ello en plenas protestas del sector.
Sanidad y Educación concentran algunas de las normas más sensibles. El Estatuto Marco, la primera gran reforma de las condiciones laborales del sistema público de salud en 23 años, queda en el limbo. La norma reducía las guardias médicas obligatorias de 24 a 17 horas, fijaba la jornada máxima en 45 horas semanales y forzaba la convocatoria de oposiciones cada dos años. Las comunidades autónomas habían pedido su retirada y los sindicatos médicos han convocado una huelga indefinida para el próximo 28 de octubre. También se paraliza la Ley de Gestión Pública, que buscaba blindar la sanidad pública frente a los fondos de inversión y frenar la privatización de hospitales. En fase de enmiendas quedan la ley del medicamento y la reforma de la ley del tabaco, que pretendía prohibir fumar en playas y terrazas y equiparar los vapers al tabaco, el primer cambio en esta materia en 16 años.
En Educación, la que el Gobierno denominó la legislatura del profesorado se cierra sin avances sustanciales. La reducción de las ratios de alumnos por clase en Primaria y Secundaria y la rebaja de horas lectivas semanales, que se tramitaban como ley en el Congreso, decaen con la convocatoria electoral. Las bajadas de ratios en el resto de enseñanzas, el fin de los chiringuitos de Formación Profesional y la reforma de las oposiciones ni siquiera han llegado al Consejo de Ministros, aunque podrían aprobarse como real decreto. Para la etapa universitaria, Sánchez había anunciado su intención de regular que todos los títulos contaran con al menos un 50% de doctores y un 40% de trabajadores indefinidos, una medida que tampoco se materializará.
A la espera de que el Consejo de Ministros vuelva a aprobar los decretos de vivienda que el Congreso tumbó el viernes con los votos de PP, Vox y Junts, el adelanto electoral deja un panorama legislativo en suspenso que afecta a sectores tan diversos como la sanidad, la educación, la economía, la industria, la agricultura y los derechos digitales de los menores.