El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que no confía en las cifras oficiales de las cuentas públicas y ha condicionado sus decisiones económicas a la realización de una auditoría «independiente» del Estado. Según explicó, hasta que no se conozca el resultado de ese análisis su partido no se comprometerá con rebajas fiscales ni con el objetivo de destinar el 5% del PIB a gasto en defensa.
La auditoría que propone el PP tendría como finalidad identificar recortes de gasto y reducciones estructurales en las administraciones. Feijóo ha vinculado a ese mismo análisis las condiciones del impuesto especial que el Gobierno aplica a la banca, un tributo que, en su opinión, debería definirse una vez conocido el diagnóstico. El planteamiento llega en un momento en que los bancos españoles han obtenido un beneficio de 29.253 millones de euros hasta septiembre, un 15% más que un año antes.
El vicesecretario de Economía del PP, Alberto Nadal, ha ido más allá al cuestionar la independencia de instituciones como la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Su partido prevé además reformar el Instituto Nacional de Estadística (INE) para blindar las estadísticas frente a presiones del Gobierno, y reforzar las competencias de la AIReF y del Tribunal de Cuentas.
Las dudas del PP sobre las cuentas públicas se apoyan en una tesis que circula en parte del debate económico: que la deuda pública crece más deprisa que el déficit, lo que alimentaría la sospecha de un déficit oculto. El economista Diego Martínez López considera que la posibilidad de un déficit escondido es mínima. Recuerda que la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) audita todo el gasto de la Administración central antes y después de su ejecución, y que el Tribunal de Cuentas fiscaliza la Cuenta General del Estado y determinados gastos concretos.
Según los analistas, la diferencia entre el crecimiento de la deuda y el del déficit se explica sobre todo por el coste de los intereses y por los llamados ajustes entre flujos y stock, conceptos contables que no implican opacidad. Martínez López apunta además que muchas de las auditorías que el Gobierno andaluz del PP encargó en 2019 quedaron en gran medida archivadas.
El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha replicado a los populares recordando la multa por ocultación de gasto sanitario impuesta a la Generalitat Valenciana durante la etapa de gobierno del PP en esa comunidad. El choque político se produce mientras el Estado gestiona otros datos demográficos de peso: según el INE, España alcanzó el 1 de octubre los 49.935.642 habitantes. La población ha crecido en más de 3,4 millones en una década, con la migración como principal motor.
Para el Funcas, los trabajadores extranjeros explican alrededor de la mitad del crecimiento del PIB desde 2022. Los economistas advierten, no obstante, de que un mayor número de habitantes no aumenta automáticamente el nivel de vida. La discusión sobre la fiabilidad de las cifras oficiales y sobre el rumbo fiscal queda así abierta, con el PP condicionando sus propuestas a un diagnóstico que aún no existe.