El Gobierno ha aprobado un Real Decreto-Ley que permitirá a las comunidades autónomas utilizar el superávit presupuestario de 2025 en inversiones consideradas financieramente sostenibles durante 2026 y 2027, entre las que se incluyen políticas de vivienda. La norma, aprobada este martes en el Consejo de Ministros, entrará en vigor de manera inmediata, aunque deberá ser convalidada por el Congreso en un plazo de 30 días.
El texto también autoriza a ocho comunidades autónomas que cerraron 2025 con una ratio de deuda pública sobre su producto interior bruto (PIB) inferior al 12,4% a destinar los superávits de ejercicios anteriores a inversiones que no computarán a efectos del cálculo de la regla de gasto. Estas regiones son Asturias, Canarias, Navarra, País Vasco, Andalucía, Illes Balears, Cantabria y Galicia. Según el ministro de Hacienda, Arcadi España, esta medida permitirá movilizar 4.000 millones de euros en inversiones en su territorio.
El ministro ha valorado que la medida refleja el compromiso del Gobierno con las cuentas autonómicas y, por tanto, con el sostenimiento del Estado del Bienestar, ya que las regiones gestionan competencias como Educación o Sanidad. «El Gobierno de España cumple como no ha cumplido ningún otro Gobierno con la financiación, la solvencia y la sostenibilidad de las comunidades autónomas», ha declarado en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del gabinete.
La Ley de Estabilidad Financiera establecía hasta ahora que esos ahorros debían destinarse a amortizar el endeudamiento autonómico. Con la nueva norma, las regiones que cumplan los requisitos podrán orientarlos a proyectos de inversión en áreas como la política de vivienda. España ha subrayado que el Ejecutivo «es sensible por encima de colores políticos, atiende y dialoga con el conjunto» de las administraciones territoriales.
Además, el Real Decreto-Ley incluye medidas financieras y fiscales específicas para la isla de La Palma por los daños provocados por la erupción volcánica de 2021. El ministro ha defendido el modelo de financiación autonómica y ha recordado el apoyo financiero del Ejecutivo a las comunidades a pesar de no haber logrado aprobar unos Presupuestos Generales del Estado. En este sentido, ha citado los más de 40.000 millones de euros repartidos en Conferencias Sectoriales de Sanidad, Dependencia o Vivienda, así como el proyecto de ley para condonar 83.000 millones de euros de deuda pública autonómica.
España también se ha referido a la propuesta para reformar la financiación autonómica, aprobada el pasado viernes por el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) con el respaldo de Catalunya y Canarias y la ausencia de la Comunidad de Madrid. El ministro ha planteado una pregunta que, según él, se hacen los ciudadanos: «¿Cómo es posible que se disponga de más recursos que nunca y vean que sus listas de espera en sus territorios se van incrementando?».
En su intervención, el titular de Hacienda ha señalado directamente a las regiones gobernadas por el Partido Popular: «Son las comunidades del PP las que están haciendo bajadas de impuestos a las rentas más altas y no están utilizando esos recursos extraordinarios para mejorar la calidad de los servicios públicos». Ha añadido que «miren de verdad quién está gestionando esos servicios públicos y que juzguen y, a partir de ahí, voten en consecuencia».
Sobre las negociaciones del nuevo modelo de financiación, España ha acusado a las comunidades del PP de ser «desleales» y ha afirmado que cuando los gobiernos regionales populares «tienen que elegir o Feijóo o sus ciudadanos», escogen al líder del partido «por intereses puramente partidistas». «Hay una doble deslealtad común en el PP: con el gobierno y con sus ciudadanos y ciudadanas, que es la importante. Con la Comunidad de Madrid, la deslealtad es triple: porque es desleal con su propio partido no acudiendo al CPFF y llamando al boicot al resto de comunidades autónomas», ha incidido.