Alemania, Austria, Dinamarca, Grecia y Países Bajos han acordado la creación de centros de deportación de migrantes irregulares en Ruanda, un país sin ningún vínculo con las personas que serían enviadas allí. El anuncio se hizo público el lunes en Viena, en una reunión en la que los cinco Estados fijaron las líneas básicas de un proyecto que, por ahora, se limita a un centro piloto.
Según los detalles del plan, el centro tendría capacidad para unas 100 plazas, y cada uno de los cinco países podría enviar a unas 20 personas. El primer objetivo son adultos sin hijos menores, tanto hombres como mujeres, y únicamente solicitantes de asilo cuyas peticiones hayan sido rechazadas. El lanzamiento está previsto para 2027, y no se ha fijado un límite máximo de estancia para las personas trasladadas.
El canciller austriaco, Christian Stocker, calificó la iniciativa de cambio histórico en la política de la Unión Europea en materia migratoria. Por su parte, la primera ministra danesa subrayó que el objetivo es garantizar retornos dignos para quienes no tienen derecho legal a permanecer en el territorio europeo. Ambas declaraciones se producen en un contexto en el que el debate sobre la migración irregular ocupa un lugar central en la agenda de varios gobiernos del continente.
Ruanda, por su parte, ha indicado que las personas deportadas podrán integrarse en el país, regresar a sus lugares de origen o reubicarse en otro lugar. Según la información disponible, el país no ha establecido excepciones por nacionalidad, de modo que cada Estado europeo decidirá qué nacionalidades envía. Ruanda es una economía de bajos ingresos, con un PIB per cápita de alrededor de 1.000 a 1.100 dólares.
La propuesta no es nueva en su formato. Ruanda firmó en 2025 un acuerdo con Estados Unidos para acoger a hasta 250 deportados. En el Reino Unido, el plan de enviar migrantes a Ruanda fue declarado ilegal por los tribunales, que no consideraron seguro al país africano; el actual gobierno laborista canceló posteriormente ese acuerdo. La Unión Europea, en cambio, sí ha designado a Ruanda como «tercer país seguro», una calificación que sigue siendo objeto de controversia.
Las organizaciones de derechos humanos han rechazado el encuadre oficial. Amnistía Internacional sostiene que Ruanda no ha demostrado que vaya a garantizar procedimientos justos ni una protección adecuada a las personas expulsadas. La red Picum ha criticado con especial dureza el lenguaje empleado, al que considera un eufemismo para lo que describe como deportaciones forzosas. Estas entidades citan además denuncias de detenciones arbitrarias, torturas y represión de la prensa y de la oposición en el país africano. Ruanda también está acusado de apoyar a los rebeldes del M23 en la República Democrática del Congo, una acusación que Kigali niega.
España y Francia se negaron a respaldar los centros de terceros países, lo que deja la iniciativa en manos de los cinco Estados firmantes. La Comisión Europea ha acogido con buenos ojos el proyecto y ha anunciado que solicitará detalles sobre una posible financiación comunitaria, aún sin concretar.