La presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, ha advertido este jueves de que la «descalificación personal» a los jueces por parte de quienes ejercen «responsabilidades institucionales» constituye un «instrumento de presión» sobre el ejercicio de la jurisdicción. En su discurso de apertura del año judicial, Perelló ha subrayado que cuando la crítica a una resolución se transforma en un ataque personal contra quien la dicta, el daño «no se limita al juez ni al asunto concreto: se proyecta sobre la función jurisdiccional y debilita la confianza de los ciudadanos en la Justicia».
La máxima responsable del Poder Judicial ha añadido que la gravedad es mayor si esas descalificaciones proceden de quienes ocupan cargos institucionales, y ha sentenciado que «no es admisible que la descalificación pública a los jueces se convierta en instrumento de presión sobre el ejercicio de la jurisdicción». Sus palabras, pronunciadas ante el rey Felipe VI, la cúpula de los tribunales y representantes políticos, llegan después del último choque entre el Gobierno y una parte de la judicatura a raíz de la decisión del Supremo de frenar el derecho al voto de los descendientes de españoles represaliados durante el franquismo. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirmó el martes que no comparte esa resolución.
En el último año, varios miembros del Ejecutivo han denunciado una supuesta operación de sectores políticos, judiciales y mediáticos para derribar al Gobierno «con métodos nada democráticos». También han arremetido contra el juez Juan Carlos Peinado, el magistrado que ha sentado en el banquillo a Begoña Gómez por dos delitos en contra del criterio de la Fiscalía, que ha pedido reiteradamente el archivo de la causa. Perelló, que ha evitado hacer autocrítica tras los sondeos que revelan que seis de cada diez españoles creen que los jueces se dejan influir por su ideología, ha insistido en que los ciudadanos confían en la labor de los tribunales y en la lucha contra la corrupción «al margen de ideologías».
No obstante, la presidenta del Poder Judicial sí ha reclamado a los jueces «mesura» en sus intervenciones públicas. «La función judicial exige también de quienes la desempeñan mesura en el ejercicio de sus atribuciones. La independencia no exime al juez de tener presente la trascendencia que sus actuaciones y decisiones pueden tener para los derechos e intereses de los ciudadanos», ha señalado.
En el mismo acto, la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ha intervenido por primera vez en la apertura del año judicial tras su nombramiento, después de la dimisión en noviembre de 2025 del exfiscal general Álvaro García Ortiz, condenado por el Supremo a dos años de inhabilitación. Peramato ha advertido de que la creciente demanda de transparencia y la «legítima exigencia de rendición de cuentas» no pueden confundirse «con la descalificación sistemática, ni con la proyección sobre la institución de una imagen que no se corresponde con la realidad».
La fiscal general ha lamentado que en ocasiones se presenten las actuaciones procesales de los fiscales «mediante simplificaciones incompatibles con la complejidad jurídica de los asuntos» y que se atribuyan gratuitamente «motivaciones espurias donde únicamente existe una valoración jurídica». También ha criticado que se distinga entre buenos y malos fiscales según si su posición procesal «convenga a unos o a otros». Ha defendido que los 2.804 miembros de la carrera fiscal —que pronto superarán los 3.000— trabajan con «discreción, rigor y lealtad total y absoluta a los valores constitucionales».
Peramato ha respaldado además la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que otorgará a los fiscales la dirección de las investigaciones. «El objetivo es reforzar las garantías de la ciudadanía. Quien investiga no debe ser quien decide sobre las medidas limitativas de derechos fundamentales», ha concluido.