Activistas y colectivos de toda Europa han convocado una movilización coordinada contra la expansión de los centros de datos, bajo el lema «Stop Dirty Data Centres». Las protestas, celebradas el viernes y el sábado, se desarrollan en unas 75 ciudades del continente, y España lidera el movimiento con cerca de 20 de esos actos. La iniciativa cuenta con el respaldo de unas 102 organizaciones y colectivos.
La reivindicación central es una moratoria sobre la construcción de nuevos centros de datos. Según sus promotores, esa pausa permitiría aprobar normas que regulen el consumo de energía y de agua de estas instalaciones, además de garantizar más transparencia sobre su funcionamiento. Los organizadores sostienen que la movilización debe tener alcance continental para ser eficaz, porque las grandes empresas tecnológicas pueden desplazar sus proyectos de un país a otro.
El movimiento tiene un antecedente local. Hace un año, las primeras protestas se dirigieron contra los llamados centros de datos de hiperescala, las instalaciones de gran tamaño que concentran enormes necesidades de electricidad y refrigeración. Las regiones rurales son, según los activistas, las más afectadas, y sus habitantes tienen menos capacidad para oponerse a proyectos que llegan con inversiones y promesas de empleo.
Los datos del sector ayudan a dimensionar el fenómeno. La consultora EY estima que en Europa hay unos 3.000 centros de datos y que existen 565 proyectos repartidos en 21 países. Según la consultora JLL, la capacidad del mercado de la región conocida como FLAP-D, que agrupa Fráncfort, Londres, Ámsterdam, París, Dublín y Madrid, pasó de 1,8 gigavatios en 2019 a 3,8 gigavatios en el primer semestre de 2026.
En España hay alrededor de 100 centros de datos comerciales, con 439 megavatios instalados a finales de 2025. La patronal SpainDC prevé que la potencia llegue a 2.537 megavatios en 2030. Aragón concentra inversiones importantes de Amazon y Microsoft, y es una de las comunidades donde más se han intensificado las objeciones vecinales y ambientales.
El Gobierno ha advertido de que el rápido crecimiento de la demanda de estas instalaciones podría encarecer el precio de la electricidad y aumentar las emisiones. En agosto presentó un real decreto para el sector, que la industria considera inaceptable. SpainDC declinó hacer comentarios sobre las protestas.
La oposición no es exclusiva de Europa. En Estados Unidos, donde se han celebrado consultas populares vinculadas a las elecciones de mitad de mandato, las empresas tecnológicas perdieron 33 de las 34 votaciones. Allí las preocupaciones se centran en el precio de la factura eléctrica, la contaminación del aire, la escasez de agua, el ruido y la pérdida de suelo.
Los activistas cuestionan además los argumentos que acompañan a la expansión de la inteligencia artificial. Sostienen que los supuestos beneficios de esta tecnología, las promesas de creación de empleo y la necesidad real de tantos centros de datos no están demostrados. También citan riesgos de ciberseguridad asociados a sistemas de IA vinculados a incidentes de hackeo. Por su parte, el grupo de litigio estratégico Litigio Estratégico anuncia que llevará a los tribunales los proyectos impugnados, empezando por Aragón.