La profesora valenciana Mari Carmen González Vidal ha convertido el caso de Mónica Oltra en el objeto central de su libro Lawfare (Editorial Rebel, 2026), un análisis del procedimiento judicial y político que terminó con la dimisión de la entonces vicepresidenta de la Generalitat en junio de 2022. La autora sostiene que el caso valenciano es un ejemplo paradigmático de cómo se utilizan los instrumentos judiciales para interferir en la política y apartar a una adversaria sin necesidad de esperar a una sentencia. Oltra ha regresado a la primera línea como candidata de Compromís a la alcaldía de València.
En una entrevista concedida a, González Vidal explica que el lawfare consiste en emplear mecanismos jurídicos y judiciales para apartar a personas que se oponen al statu quo o que no siguen los patrones que determinadas élites económicas consideran adecuados. La investigación, avalada por la Universitat de València, analiza numerosos datos más allá del caso concreto de Oltra para entender por qué lo jurídico y lo judicial pueden interferir de tal manera en la política, hasta el punto de apartar a una persona sin que exista una sentencia firme, vulnerando principios como la presunción de inocencia y alargando el procedimiento hasta lograr un cambio del escenario político.
La autora identifica varias patas en esa maquinaria: una judicial, una política a través de las acusaciones populares y otra mediática. En el ámbito judicial, destaca el papel de la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia, que decidió continuar con el procedimiento pese a que el juez instructor consideró que no había ni siquiera indicios. González Vidal no juzga personalmente a los magistrados, pero subraya que esa sala fue decisiva para mantener vivo el proceso. También menciona a la exfiscal Teresa Gisbert, cuya intervención contribuyó a amplificar el caso, en un contexto de desavenencias entre Compromís y el PSPV-PSOE dentro del Gobierno del Botànic.
La profesora señala que hubo denuncias continuadas por parte de organizaciones y actores de la extrema derecha, que utilizaron la figura de la acusación popular. Aunque no determina jurídicamente si hubo un uso torticero de la Justicia, sí constata que esas denuncias contribuyeron a mantener el caso vivo. También vincula el proceso con los intereses económicos afectados por las políticas de reversión sanitaria impulsadas por el Gobierno valenciano, y defiende que Oltra sufrió una forma de lawfare con componente de género.
González Vidal considera que el daño político «ya está hecho», aunque interpreta la vuelta de la exdirigente de Compromís a la primera línea como un «acto de generosidad absoluta». El libro plantea que el caso valenciano permite analizar perfectamente cómo funciona el lawfare, un fenómeno que, según la autora, está afectando a España y que se ha convertido en una herramienta para alterar el equilibrio democrático.