El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha anunciado que el Ayuntamiento estudia «las diferentes alternativas» legales para poner fin a la acampada por la vivienda instalada desde el sábado en la Puerta del Sol, después de criticar la inacción de la Delegación del Gobierno. «No queremos quedarnos de brazos cruzados», ha declarado durante una entrevista televisiva, en la que ha avanzado que su equipo analiza opciones «en el caso de que esto se prolongue en el tiempo».
En declaraciones posteriores a los medios antes de la Junta Directiva Nacional del PP, Almeida ha precisado que el Consistorio «estudia las opciones legales para proceder contra el delegado del Gobierno en caso de que siga rehuyendo el ejercicio de esta competencia». El regidor considera que la protesta, surgida tras la manifestación por el desahucio de Maricarmen, constituye «una ocupación de espacio público» que puede derivar en «una alteración del orden público».
El alcalde ha cargado con dureza contra el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, a quien acusa de permitir el asentamiento. Según ha relatado, la Policía Municipal solicitó ayuda a la Policía Nacional cuando comenzaron a montarse las tiendas, pero «las instrucciones fueron que no hiciera nada por evitarlo». «Lo único que hizo fue estacionar dos furgonetas delante de la fachada de la Comunidad de Madrid. Estuvieron cuatro minutos», ha añadido. Para Almeida, la competencia para levantar la acampada corresponde a la Delegación del Gobierno, como ocurrió con el 15M, «lo cual ya es una prueba de quién es la competencia».
El primer edil ha enmarcado la situación en una estrategia más amplia que atribuye al delegado del Gobierno. «Está en la misma estrategia que comenzó con la Vuelta Ciclista a España y que es tratar de reventar las calles de Madrid a ver si de esa manera en mayo pueden obtener un resultado electoral decente», ha afirmado. En este sentido, ha defendido el derecho a la protesta, pero ha subrayado que «hay cauces legales y hay marcos de convivencia que se tienen que respetar en toda causa, por legítimo que a uno le pueda parecer lo que está haciendo».
La búsqueda de una vía legal por parte del Ayuntamiento coincide con la querella anunciada por Manos Limpias contra el delegado del Gobierno por presunta prevaricación administrativa por omisión y omisión del deber de perseguir delitos al permitir el asentamiento. En respuesta, Martín ha declarado: «No sé cuántas querellas llevo ya anunciadas por parte de Manos Limpias y de otros sindicatos ultraderechistas para tratar de hacer política». El delegado ha añadido que «la justicia, y más la madrileña, debe de preservarse y debe de protegerse de quienes tratan de instrumentalizarla para hacer política».
Respecto a las reclamaciones de los acampados, Almeida las considera «medidas profundamente equivocadas en general» y ha especulado sobre el decreto de vivienda que el Gobierno llevará este martes al Consejo de Ministros. A su juicio, el Ejecutivo podría aprobar «un decreto de máximos que sabe que no va a ser convalidado» para marcar «el inicio de la campaña electoral», o bien un «decreto Frankenstein» que contente a la izquierda y a los partidos nacionalistas de derechas. El alcalde ha desvinculado al Ayuntamiento de los problemas de vivienda de la ciudad y ha achacado la situación a la legislación estatal, que a su entender ha favorecido la desaparición de «50.000 viviendas del mercado del alquiler».