El Gobierno español ha expresado este martes su confianza en que las instancias judiciales superiores constaten la inocencia de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, después de que la Audiencia Provincial de Badajoz lo condenara a nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación administrativa. La portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, ha señalado en rueda de prensa que respetan la sentencia pero no la comparten, y ha recordado que la causa se originó por una denuncia de una organización ultraderechista, sin acusación particular, y que la Fiscalía pidió la absolución durante el juicio oral.
La sentencia, de 377 páginas, considera a David Sánchez autor de un delito de prevaricación por cooperación necesaria en su contratación como coordinador de los conservatorios de la Diputación de Badajoz en 2017. El tribunal rechazó el delito de tráfico de influencias, lo que evitó la pena de prisión que reclamaban las acusaciones populares, entre ellas Manos Limpias, Abogados Cristianos, Hazte Oír, PP, Vox, Iustitia Europa y Liberum. La Fiscalía había solicitado la absolución tanto para David Sánchez como para el presidente de la Diputación y exsecretario regional del PSOE, Miguel Ángel Gallardo, quien también ha sido condenado a nueve años de inhabilitación. La misma pena se ha impuesto al resto de acusados.
El Gobierno ha defendido que la sentencia tiene como objetivo dañar al presidente del Gobierno y a su entorno familiar. Saiz ha subrayado que la Fiscalía desmontó todas las acusaciones durante el juicio, y ha añadido que confían en que instancias superiores constaten la inocencia de David Sánchez. El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha ido más allá al vincular la sentencia con un intento de la Justicia de derribar al Gobierno ante la incapacidad de hacerlo por las urnas, en un mensaje publicado en su perfil de X.
Los socios del Ejecutivo han calificado la condena de desproporcionada. Sumar, a través del diputado de Compromís Alberto Ibáñez, ha advertido de que este tipo de sentencias ponen en cuestión la credibilidad del Estado de Derecho. La portavoz adjunta de Sumar, Aína Vidal, ha coincidido en que la pena es desproporcionada y ha criticado el trato que el juez Juan Carlos Peinado ha dado a la esposa del presidente, Begoña Gómez. El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha señalado que la sentencia demuestra cómo un juez puede perseguir a alguien por sus ideas o por ser quien es, y ha instado a adecentar el poder judicial.
Por el contrario, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha destacado que esta es la tercera condena en el entorno de Pedro Sánchez, tras la del exfiscal y la de Ábalos, y ha subrayado que nadie está por encima de la ley, lo que considera una muestra del funcionamiento del Estado de Derecho. La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha añadido que el Gobierno está asediado por la corrupción y que hay muchos casos siendo investigados por jueces. El PP ha pedido la dimisión de Pedro Sánchez, mientras que el Gobierno mantiene su respaldo al presidente y confía en la revisión judicial de la condena.
La sentencia ha generado un intenso debate político en España, con posturas enfrentadas entre el Gobierno y la oposición. Mientras el Ejecutivo y sus socios critican la decisión judicial y la consideran parte de una campaña contra el presidente, el PP y Vox la ven como una confirmación de la existencia de corrupción en el entorno de Sánchez. La Audiencia de Badajoz ha descartado el tráfico de influencias, pero ha confirmado la prevaricación en la creación de la plaza que ocupó David Sánchez, lo que deja abierta la posibilidad de recurso ante instancias superiores.