El Instituto Nacional Electoral (INE) acordó con su personal reabrir al cien por ciento los módulos de atención ciudadana a partir del martes 10 de noviembre, luego de un paro parcial de labores que el lunes 9 de noviembre dejó fuera de operación a la mayoría de estas sedes. El acuerdo también contempla revisar las condiciones de trabajo y los salarios de la plantilla.
De acuerdo con la consejera Carla Humphrey Jordan, de un total de 841 módulos, 544 no estuvieron en funcionamiento durante la jornada, lo que equivale al 64.7 por ciento. Sólo 297 módulos, es decir el 35.3 por ciento, permanecieron abiertos. En Baja California Sur, Nuevo León y Tlaxcala la suspensión fue total. Las citas ciudadanas que no pudieron atenderse serán reprogramadas, y se habilitarán filas separadas para la entrega pendiente de credenciales para votar.
Las negociaciones fueron encabezadas por la presidenta interina del Consejo General, la consejera Blanca Cruz García, con una comisión de ocho integrantes del personal. Por parte de la comisión, la representación sostuvo conversaciones con la dirigencia del Instituto para llegar a un entendimiento que permitiera regresar a la operación normal de los módulos.
El personal había planteado un aumento salarial de 25 por ciento o un sueldo mínimo de 19 mil pesos. Como punto de partida, el acuerdo establece un incremento de 6 por ciento a partir de enero de 2027. Esta cifra podría elevarse después de que la Cámara de Diputados defina el presupuesto, pues el ajuste depende de los recursos que se asignen al organismo.
Entre los puntos laborales en revisión figura un esquema de descanso continuo de dos días. El Instituto rechazó, sin embargo, la aplicación rutinaria de jornadas de 12 horas fuera de los periodos de mayor demanda electoral. Asimismo, se comprometió a respetar la pausa de 30 minutos para alimentación dentro de la jornada laboral.
El documento firmado incluye una garantía por escrito de que no habrá expedientes disciplinarios, descuentos salariales ni represalias contra quienes participaron en el paro. En materia de infraestructura, la institución prometió mantenimiento correctivo en sanitarios, accesos y otras áreas de los módulos, así como el abasto de papelería, servicios de limpieza y seguridad.
El conflicto también tiene un componente legal. Se presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntas irregularidades administrativas, cuyo alcance fue ampliado durante el proceso. Por otra parte, la legislación vigente prevé a partir de 2027 un tope salarial y recortes para el personal de mando superior.
Los montos finales de los salarios y los efectos presupuestales del acuerdo siguen sin definirse. La revisión dependerá de las decisiones que tome el Congreso sobre el presupuesto del Instituto, por lo que los trabajadores y la ciudadanía tendrán que esperar a esas definiciones para conocer el alcance real de las mejoras pactadas.