La Administración de Donald Trump ha deportado a más de 25.000 personas a países que no son los suyos, muchas veces sin que los afectados conocieran su destino, según una investigación coordinada por el consorcio periodístico Forbidden Stories en la que han participado The Guardian, The Washington Post y otros 23 medios. El proyecto, denominado Proyecto Deportación, ha reconstruido una política aplicada en gran medida a puerta cerrada y ha rastreado más de un centenar de vuelos que han trasladado a migrantes y solicitantes de asilo a 28 países distintos.
Los testimonios recogidos describen traslados en los que los detenidos viajaban esposados y sin información sobre su destino. Una mujer iraní de 32 años, identificada como Nika para proteger a su familia en Irán, relató que los agentes se burlaban de ella cuando preguntaba adónde la llevaban. Solo descubrió que el avión se dirigía a la República Centroafricana cuando las pantallas de los asientos mostraron un mapa. Había huido de Irán 18 meses antes tras protestar contra el régimen y había obtenido protección legal en Estados Unidos, pero menos de dos semanas después de ser liberada por orden judicial, el Departamento de Seguridad Nacional volvió a detenerla. «Nunca me dijeron que me iban a deportar a este país», declaró. «África me es completamente desconocida».
El Departamento de Estado estadounidense desaconseja a sus ciudadanos viajar a la República Centroafricana por motivos de seguridad. Nika pasa la mayor parte del tiempo recluida por miedo, sin atreverse a salir de su habitación, a la espera de una respuesta sobre si será devuelta a Irán, donde el régimen podría matarla. Su caso no es aislado: de las más de 25.000 personas deportadas a terceros países, unas 20.000 han sido trasladadas en autobús a México, según un recuento de Refugees International y Human Rights First. Las más de 5.000 restantes han sido enviadas en avión a países de África, América Latina, el Caribe y Asia Central con los que no tienen ningún vínculo. En muchos casos, desde esos países son devueltas a sus lugares de origen pese a que jueces de inmigración estadounidenses han determinado que su vida o su libertad corrían peligro si regresaban.
La investigación ha documentado casos concretos que ilustran el alcance de estos acuerdos. Personas de Perú y Colombia han sido enviadas a la República Democrática del Congo. El 20 de agosto, cuatro cubanos, un brasileño y un camerunés se negaron a bajar del avión en Liberia y acabaron siendo trasladados a Guinea Ecuatorial. Los abogados de derechos humanos consideran que estos acuerdos de deportación a terceros países forman parte de una «demostración de fuerza» con la que Estados Unidos busca disuadir a migrantes y solicitantes de asilo de entrar en el país.
El ritmo de los vuelos se ha acelerado. Tras una primera oleada al inicio del segundo mandato de Trump, las deportaciones volvieron a dispararse en agosto, cuando se registró un máximo de 16 vuelos con destino a 13 países distintos de los de origen de las personas deportadas, según Human Rights First. La cifra real de traslados probablemente sea mayor, ya que la investigación solo contabiliza los vuelos que el consorcio ha podido verificar de forma independiente.
La batalla legal sigue abierta. Un tribunal federal de apelación dictaminó en septiembre que las deportaciones a terceros países son ilegales porque vulneran el derecho al debido proceso, ya que las personas afectadas no reciben la notificación con tiempo suficiente para recurrir la decisión de enviarlas a otro país. El Gobierno recurrió la sentencia y el Tribunal Supremo permitió unos días después la reanudación de estos vuelos mientras analiza el fondo del asunto. Un portavoz del Departamento de Estado afirmó que aplicar las políticas migratorias de la Administración Trump es una «prioridad máxima» y aseguró que el Gobierno utilizará «todos los medios legales» para expulsar a quienes no tengan derecho a permanecer en el país.