Un grupo de casi una veintena de países de la Unión Europea ha expresado su rechazo a la política migratoria del Gobierno de Pedro Sánchez, en particular a la regularización masiva de migrantes y a la gestión de la crisis en Ceuta. Las críticas, lideradas por la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, se han plasmado en un documento firmado por Polonia, Finlandia, Países Bajos, Bélgica, Eslovenia, Austria, Grecia, Lituania, República Checa, Chipre, Hungría, Alemania, Eslovaquia, Malta, Suecia y Bulgaria, entre otros.
Los socios europeos reclaman un mejor control de las fronteras exteriores de la UE y medidas más contundentes contra la inmigración irregular. Frederiksen pidió a la Comisión Europea que examine qué ocurre cuando un país hace «prácticamente todo lo contrario que los demás: alguien entra ilegalmente en un país y, de repente, se le permite quedarse legalmente». La primera ministra danesa consideró que esta práctica «va en contra de la política migratoria que hoy defiende una amplia mayoría en Europa».
Por su parte, Meloni ha reclamado aumentar «la vigilancia» en las fronteras, con especial atención a lo sucedido en Ceuta, y ha solicitado «una revisión específica de la legislación europea para mejorar la eficacia de los nuevos procedimientos de detención de migrantes irregulares durante los controles fronterizos». Italia y España han acordado alargar una semana más los controles en frontera, con vistas a levantarlos la próxima semana, aunque el tono del debate sigue siendo tenso.
Las críticas no se han limitado a Dinamarca e Italia. El primer ministro austriaco, Christian Stocker, aseguró que el Gobierno español envió «una mala señal» con la regularización, ya que «en Europa nos esforzamos por combatir la migración irregular, por asegurar nuestras fronteras y por lograr la colaboración de terceros países». El líder checo, Andrej Babis, fue aún más duro al afirmar que «hay políticos capaces de sustituir a la población por migrantes con tal de mantenerse en sus puestos y seguir en el Gobierno».
Pese a las críticas, el Ejecutivo español se muestra satisfecho con el contenido que, según fuentes de Moncloa, recogerán las conclusiones de la cumbre. Sánchez agradeció la solidaridad de los Estados miembros y de la Comisión en relación con la crisis en Ceuta, y destacó que el texto reconocerá la singularidad de las ciudades autónomas como frontera terrestre de Europa con África, además del compromiso de los socios para resolver la crisis. El presidente del Gobierno hizo un llamamiento general a apoyar una gestión migratoria «basada en el respeto a los derechos humanos».
Moncloa insiste en que llega a la cumbre con cifras que respaldan sus políticas: las llegadas irregulares por la ruta Atlántica han caído un 74% y España cumple «con creces» con todos los compromisos comunitarios en materia migratoria. Sin embargo, el malestar entre los socios europeos persiste y varios países empujan para que las conclusiones de la cumbre incluyan tanto un mejor control de las fronteras como herramientas para frenar políticas como la regularización española.
La crisis de Ceuta, que en agosto registró la entrada de hasta 80.000 personas desde Marruecos, sigue siendo el principal punto de fricción. Los países firmantes del documento ya expresaron entonces sus dudas y críticas por la situación en la ciudad autónoma. Ahora, con el debate migratorio en el centro de la agenda europea, el choque entre el Gobierno español y una parte significativa de sus socios comunitarios evidencia las profundas diferencias sobre cómo gestionar los flujos migratorios y las fronteras exteriores de la Unión.