La independencia de los organismos que investigan los accidentes ferroviarios y de aviación en España ha quedado este jueves en entredicho durante el I Encuentro de asociaciones de víctimas de accidentes de aviación y ferroviarios, celebrado en el Congreso. En un debate tenso, una de las investigadoras del siniestro de Adamuz, Isabel López, ha asegurado que los informes que elaboran los técnicos son modificados cuando llegan a instancias superiores, una práctica que ha calificado de común y «falta de independencia».
«En muchas ocasiones, los informes que elaboramos los técnicos llegan a instancias superiores y se modifican», ha afirmado López, investigadora de la antigua CIAF que continúa trabajando en el accidente del pasado 18 de enero. Ante las víctimas, ha reclamado que se respete el criterio técnico de los investigadores porque, ha dicho, «es la única garantía de que nuestro trabajo no está al servicio de ninguna entidad». Su intervención, recibida con aplausos, ha sido calificada de «valiente» por muchos de los presentes.
La denuncia ha sido respaldada por otros funcionarios del Ministerio de Transportes con décadas de experiencia. Jorge Iglesias, empleado del departamento desde hace 40 años, ha señalado que la ley que sustenta la nueva Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes ferroviarios, marítimos y de aviación civil (AITAT) mantiene la potestad para que su consejo, formado por siete personas, modifique los informes. Iglesias ha puesto como ejemplo lo ocurrido con la investigación del accidente del Alvia de 2013, que ha descrito como «lleno, no solo de cosas que faltan, sino de mentiras».
El presidente de la Asociación de Víctimas de Adamuz, Mario Samper, ha expresado la incomprensión de los afectados ante este procedimiento: «Una de las cosas que no llegamos a entender de los informes, los borradores, es cómo un investigador que ha estado en el terreno, con las víctimas, que conoce la situación y la plasma en un documento, no entiendo por qué tiene que pasar por otras personas». «¿Qué pasa, tenéis faltas de ortografía?», ha ironizado al final de la sesión.
Frente a estas acusaciones, el investigador de accidentes de Aviación Javier Hernández ha defendido la independencia de los técnicos. Ha explicado que hasta ahora el modus operandi consistía en elaborar un borrador que pasaba al Pleno, donde se introducían cambios, y ha garantizado que «todos los investigadores, excepto tres personas antiguos secretarios, somos funcionarios de carrera que ocupamos puestos que no son de libre designación, nadie nos puede cesar o presionar». Sin embargo, Iglesias ha rebatido esta posición asegurando que «no te echan, pero te meten en un rincón oscuro» si se denuncia la modificación de informes, y ha advertido de que «aunque no seas un puesto de libre designación te pueden machacar».
El presidente de la AITAT, Gonzalo Guillén, ha pedido «tiempo» para que el nuevo organismo, creado el pasado julio, eche a andar plenamente. No obstante, su intervención no ha convencido a los representantes de las víctimas, que le han reclamado que repita la investigación del accidente de Angrois, tal y como solicitó la Agencia Ferroviaria Europea. Según el relato del representante de los afectados de Angrois, Guillén les ha trasladado que no hará una nueva investigación y que solo actuará «si lo demanda la justicia».
El encuentro, que ha tenido poco de distendido y una tensión creciente, también ha servido para que los afectados de otros siniestros como el de Spanair exigieran explicaciones. La jornada ha dejado patente la desconfianza de las víctimas hacia un sistema que, según los propios técnicos, permite que los informes finales no reflejen fielmente el trabajo realizado sobre el terreno.