Los sindicatos CCOO y UGT, las dos centrales más numerosas de España, han respaldado la huelga general convocada para el 11 de noviembre por el sindicato de inquilinas. Si se celebra, será la primera huelga general en catorce años y tendrá como eje principal la crisis de la vivienda, que los dirigentes sindicales presentan como la mayor fractura social del país.
Los secretarios generales de ambas organizaciones, Unai Sordo, de CCOO, y Pepe Álvarez, de UGT, coinciden en que la presión sobre los alquileres y las hipotecas se ha convertido en una preocupación transversal. Según Álvarez, no solo afecta a quienes menos ingresos tienen, sino también a votantes del Partido Popular y a trabajadores autónomos, que sufren igualmente el encarecimiento de los alquileres. «La gente ha dicho hasta aquí hemos llegado con la vivienda», resume el planteamiento de los sindicatos.
El detonante que ha acelerado la movilización fue el desahucio, el 23 de septiembre, de una mujer de 87 años, que falleció poco después. Para los sindicatos, el caso ilustra una situación en la que la vivienda funciona como un activo financiero más que como un bien social. La huelga pretende cambiar esa lógica y situar la vivienda como derecho y servicio público.
Uno de los objetivos declarados es llegar a las personas menores de 35 años, muchas de las cuales no logran emanciparse de la casa de sus padres por la falta de alquileres asequibles. Los sindicatos sostienen que la movilización cuenta ya con el apoyo de más de 3.000 comités de empresa y que se han celebrado más de mil asambleas para preparar la protesta.
Entre sus propuestas figura una inversión pública en vivienda equivalente al 1 % del PIB durante diez años, así como un objetivo de que el alquiler no supere entre el 25 % y el 30 % del salario. Estas reivindicaciones se suman a la exigencia de avanzar en la negociación colectiva, un terreno en el que la patronal CEOE se ha negado por ahora a negociar.
El contexto social en el que se produce la convocatoria también pesa en el debate. Sordo y Álvarez han citado el accidente ferroviario de Adamuz, en Córdoba, que dejó 69 muertos, como un episodio que, según ellos, ha cambiado el ánimo de la opinión pública. Sin atribuir de forma directa ese cambio a un único factor, los sindicatos interpretan que la ciudadanía está menos dispuesta a tolerar la falta de respuesta de los poderes públicos.
La reacción de la oposición ha sido inmediata. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, calificó la huelga de equivocada y pidió su cancelación. Sordo respondió que esa postura le parece indecente, y el PP ha anunciado que prepara rebajas fiscales como alternativa a las demandas sindicales. Ante una posible convocatoria electoral anticipada, los sindicatos reclaman que los partidos den respuestas concretas a la crisis de vivienda.
Quedan incógnitas sobre el seguimiento real de la huelga y su impacto efectivo en la actividad laboral, un aspecto que no puede determinarse hasta que se celebre. Tampoco está claro si un eventual cambio de gobierno tras las elecciones afectaría a las negociaciones que los sindicatos pretenden abrir.