Rusia celebra desde este viernes y hasta el domingo unas elecciones legislativas marcadas por la ausencia de garantías democráticas y por la exclusión de las principales voces críticas con el Kremlin. Los comicios, los primeros en tiempos de guerra y los primeros en los que participan los territorios ucranianos ocupados, se desarrollan con partidos vetados, candidatos descalificados y debates con todos los atriles vacíos. A pesar de que se da por descontada la aplastante victoria del partido oficialista Rusia Unida, el presidente Vladímir Putin se ha implicado personalmente en la campaña, eclipsando incluso al número uno de la lista, el ministro de Exteriores Serguéi Lavrov.
La Justicia rusa ha dejado fuera de la carrera electoral al único partido pacifista que había sido registrado inicialmente, Yábloko, y ha eliminado a algunos de los candidatos más populares del Partido Comunista, considerado por algunos sectores como la principal alternativa realista a Rusia Unida. Ninguna de las fuerzas de la llamada oposición sistémica cuestiona la invasión de Ucrania; todas forman parte del juego político y contribuyen a legitimar el régimen. Ante este escenario, la oposición antibelicista se debate entre el boicot, el voto nulo y el voto útil.
Según los expertos, el Kremlin necesita estos comicios para proyectar una fachada de credibilidad tanto hacia el interior como hacia el exterior. El analista Dan Storyev, autor de «How to Survive Authoritarianism», explica que «esto no son unas elecciones reales, sino una especie de teatro político glorificado que se hace para apuntalar el poder del Estado, consolidar su legitimidad y rendir homenaje al legado del pasado». En la misma línea, el politólogo Mijail Komin, investigador del Centro de Análisis de Política Europea (CEPA), sostiene que, aunque los comicios no son ni libres ni justos, constituyen un procedimiento formalizado que proporciona al Kremlin una legitimidad procedimental y sirve para asegurar la lealtad de las clases dirigentes.
Esa necesidad de validación frena a las autoridades a la hora de practicar un fraude sin contemplaciones. «No les gusta manipularlo completamente, no quieren hacerlo al estilo de Corea del Norte», apunta Storyev. Komin sitúa el límite de la distorsión entre el 20% y el 30%, y señala que el poder no tiene capacidad para reescribir por completo los resultados finales. En 2021, el matemático Serguéi Shpilkin estableció que la mitad de los votos de Rusia Unida, unos 14 millones, habían sido fraudulentos, lo que redujo su apoyo real a cerca del 30% frente al 50% oficial.
En el contexto actual, las encuestas oficiales otorgan a Rusia Unida entre un 47% y un 53% de los votos, aunque estos sondeos deben interpretarse más como un arma de tecnología política que como un instrumento demoscópico fiable. En abril, la intención directa de voto a la formación gobernante cayó hasta el 27%, un dato no registrado desde antes de la guerra. Según el medio opositor Meduza, esto llevó a la Administración Presidencial a rebajar del 60% a menos del 50% el objetivo fijado para el escrutinio. Para evitar sorpresas, Putin ha optado por implicarse en la campaña y ha visitado regiones de Siberia y del Extremo Oriente, lejos de la amenaza de los drones ucranianos, donde se ha acercado a vecinos y ha besado a niños.
El malestar social por los problemas económicos, los bloqueos de Internet y el cansancio del conflicto empujan al sistema a extremar las precauciones para que el trámite pase sin sobresaltos. Todas las medidas de control serán insuficientes para impedir que el partido de Putin revalide e incluso amplíe la supermayoría constitucional en la Duma durante cinco años más, gracias a la opacidad del voto electrónico, la movilización de los grupos más leales y el uso de candidatos fantasma. Unas elecciones que, lejos de ser un ejercicio democrático, se consolidan como una pieza clave en la maquinaria de legitimación del Kremlin.