El Partido Socialista Obrero Español ha incluido en su programa electoral el compromiso de «blindar» en la Constitución derechos como la vivienda, el aborto, las pensiones y el acceso al agua. Pedro Sánchez presentó estas promesas en un acto celebrado en Alcorcón, ante unas 5.000 personas afiliadas, en el marco de las elecciones fijadas para el 29 de noviembre. El presidente plantea la reforma como una forma de garantizar derechos frente a lo que, según su discurso, otras fuerzas quieren recortar.
El obstáculo principal es de aritmética parlamentaria. Cualquier reforma constitucional requiere el voto favorable de dos tercios de las Cortes, una mayoría que las actuales correlaciones de fuerzas hacen muy difícil de reunir. Por ello, la propuesta encuentra un escollo previo que ningún anuncio puede salvar por sí solo: sin el apoyo del Partido Popular, el objetivo resulta, como mínimo, improbable.
En el caso del aborto, la reforma ya inició su tramitación parlamentaria. Los socios de la izquierda habían alcanzado un acuerdo sobre el texto, que pretende reforzar el artículo 43 de la Constitución, pero necesitaban también el respaldo del PP para sacarla adelante. La iniciativa se quedó atascada en el Congreso, nunca llegó a votarse y decayó cuando se convocaron las elecciones anticipadas.
El programa socialista propone también que la vivienda sea reconocida como derecho fundamental. En la actualidad, la vivienda figura en el artículo 47 de la Constitución como derecho a una vivienda digna, pero sin el carácter de derecho fundamental. Esa diferencia tendría consecuencias prácticas: permitiría a la ciudadanía exigir a las administraciones el cumplimiento de ese derecho. En cuanto a las pensiones, el plan prevé su protección constitucional con una revalorización vinculada al IPC, y en el caso del agua propone el acceso universal y un mínimo vital para los hogares vulnerables.
El texto incorpora además el derecho a la seguridad climática, cuyo reconocimiento constitucional también se plantea. Como antecedente, el PSOE recuerda la reforma de 2024, que sustituyó en el artículo 49 el término «disminuidos» por «personas con discapacidad».
Más allá de los derechos sociales, el programa recoge otras propuestas de calado institucional: un asiento ciudadano en el Congreso y en el Senado, sin derecho a voto; rebajar de 500.000 a una cifra menor las firmas necesarias para la iniciativa legislativa popular; bajar la edad de voto a los 16 años; y eliminar los aforamientos por delitos no relacionados con el cargo.
Sánchez anunció también nuevas medidas, entre ellas un impuesto a los fondos buitre y un cheque de 200 euros para revisiones dentales. Propone además un permiso parental retribido de cuatro semanas, al 100% del salario base, para menores de ocho años, y elevar al 6% el parque de vivienda pública para 2030.
Buena parte de estas promesas se repiten del programa de 2023, entre ellas las relativas a la vivienda, el paro y la brecha salarial de género. Sánchez presenta como logro el aumento del permiso parental hasta 19 semanas, cuando el compromiso de 2023 era de 20. Los críticos señalan que el partido presenta como avances propuestas que quedaron pendientes en la legislatura anterior.