El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reclamado este lunes «privilegiar» el uso residencial de la vivienda frente al turístico y ha instado a las comunidades autónomas a utilizar la Ley de Vivienda vigente como «palanca» para ampliar la oferta de pisos asequibles. Durante su intervención en Barcelona, Sánchez ha defendido que el mercado inmobiliario debe ser «gobernado» para garantizar que el acceso a la vivienda sea posible, especialmente para los jóvenes, y ha advertido de que «hemos de actuar, sin duda» ante un problema que afecta al desarrollo vital de toda una generación.
El acto, celebrado en el Disseny Hub de la capital catalana bajo el título «Vidas futuras. Un día en 2050», ha contado también con la participación del president de la Generalitat, Salvador Illa, y del alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. La cita ha servido para presentar un informe elaborado por la Oficina Nacional de Prospectiva del Gobierno, un ejercicio de anticipación sobre cómo será la sociedad española en las próximas décadas y qué legislación y políticas serán necesarias para acomodar esos cambios. Entre las previsiones, los expertos apuntan a familias más reducidas, condicionadas por la longevidad, con mayor peso de las amistades en el círculo personal y una presencia creciente de lazos digitales.
La intervención de Sánchez llega en plenas negociaciones contrarreloj para cerrar un decreto de vivienda que el Consejo de Ministros prevé aprobar este martes, menos de 24 horas después del acto. Fuentes de Moncloa detallan que el reglamento incluiría la protección ante los desahucios, la prohibición de la compra especulativa por parte de fondos buitre y la estabilización de los contratos de alquiler, entre otras medidas. El presidente ha evitado entrar en los detalles del texto, pero ha subrayado que la vivienda es un «reto» que el Ejecutivo debe afrontar. La urgencia del decreto se enmarca en la conmoción social provocada por el desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años que vivía en su piso de Madrid desde hacía 70 años, un caso que ha desencadenado movilizaciones en toda España para exigir soluciones al problema del acceso a la vivienda.
Mientras en Madrid centenares de personas permanecen acampadas en la Puerta del Sol, miembros de sindicatos de vivienda han cortado a primera hora de la mañana calles de la capital catalana para reclamar la renovación automática de los contratos de alquiler y su conversión en indefinidos, además de otras medidas. Para la tarde está convocada otra concentración en el Palau de Congressos. Sánchez ha recordado que la Ley de Vivienda ya permite a las comunidades autónomas regular el precio de los alquileres, como hacen Cataluña y Navarra, y ha exigido a los gobiernos autonómicos que apliquen la normativa para acabar con el problema de accesibilidad.
Más allá de la vivienda, el presidente ha abordado algunos de los retos que marcarán las próximas décadas, como reducir las desigualdades o facilitar que los distintos modelos de familia puedan consolidarse y considerarse «legítimos» igual que el tradicional. «Cada derecho hoy evidente tuvo antes a alguien diciendo que era demasiado pronto o que íbamos demasiado lejos», ha expresado Sánchez, que ha lamentado que «algunos llegan tarde al progreso». Ha puesto como ejemplo la ley del matrimonio igualitario y ha confiado en que legislaciones más recientes, como la de muerte digna, alcancen el mismo consenso en el futuro.
El jefe del Ejecutivo también se ha referido al impacto de la digitalización, la emergencia climática y el envejecimiento de la sociedad en la vida cotidiana de los españoles, y ha advertido sobre los riesgos de la concentración de poder tecnológico. «Jamás ha habido una concentración tan grande de poder, ni desigualdades como las que hay entre los tecnooligarcas y el resto de la ciudadanía», ha lamentado. En este sentido, se ha preguntado si la tecnología beneficiará a toda la población o solo a unos pocos, ensanchando así las brechas existentes. El informe presentado este lunes busca, precisamente, anticipar esos escenarios para orientar la acción legislativa del Gobierno en los próximos años.