El tercer teniente de alcalde de Sant Antoni de Portmany y concejal de Turismo, Miguel Tur Contreras, del PP, compró en diciembre de 2024 una vivienda de 98 metros cuadrados a su hermana, Olga Tur Contreras, cuando el inmueble acumulaba varios embargos y sobre él pesaba una hipoteca en ejecución cuyo crédito había sido adquirido cuatro meses antes por Ice Properties S.L., una sociedad vinculada al conglomerado empresarial de Duane Gary Lineker, gerente del hotel-discoteca O Beach.
El Juzgado de Instrucción número 3 de Eivissa ha admitido a trámite una querella criminal por un presunto delito de alzamiento de bienes y ha abierto diligencias para investigar a ambos hermanos «para esclarecer las circunstancias de la compraventa», según el auto judicial. La operación se formalizó ante notario en Santa Eulària des Riu, con parte del precio abonado mediante cheque bancario y el resto por transferencia. El mismo día de la compra, Tur constituyó además una nueva hipoteca de 220.000 euros a favor de Bankinter, con un plazo de amortización de 30 años. La operación quedó definitivamente formalizada en marzo de 2025, una vez acreditado el pago de 49.723,49 euros en concepto de Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
La vivienda, situada en el barrio de Ses Païsses del municipio, arrastraba desde años atrás una compleja situación de cargas. En 2018 había sido hipotecada por 160.000 euros. Tras la integración de Bankia en CaixaBank, el crédito pasó primero a manos del fondo Promontoria Backgammon Designated Activity Company y después, en agosto de 2024, a Ice Properties S.L., la sociedad vinculada al entramado empresarial de Duane Gary Lineker. Es decir, cuatro meses antes de que Miguel Tur comprara la vivienda, la empresa vinculada al grupo del empresario británico había asumido la posición de acreedora respecto de la hipoteca que gravaba el inmueble.
En el momento de la compraventa, sobre la vivienda pesaban también dos embargos de la Seguridad Social, por 4.626 y 21.715 euros, además de un embargo del Ayuntamiento de Sant Antoni por 5.663 euros. La ejecución de la hipoteca por impago ya había avanzado en los tribunales: el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Eivissa ordenó expedir en mayo de 2023 la certificación de cargas del inmueble, el trámite legal previo e indispensable conforme a la Ley de Enjuiciamiento Civil para fijar fecha y sacar la vivienda a subasta pública.
El Ayuntamiento de Sant Antoni niega cualquier irregularidad. El alcalde, Marcos Serra, ha defendido que se trata de «un tema personal» y ha subrayado que la adquisición del crédito hipotecario es una operación que «ha tenido que hacerse mediante escritura pública e inscripción en el Registro de la Propiedad, con lo cual, si ha pasado los controles notariales y registrales, se puede asumir que está todo bien hecho». Por su parte, Miguel Tur ha explicado que la operación «forma parte de mi esfera personal y familiar al margen de mi actividad pública y no tengo nada más que decir al respecto».
La investigación judicial se centra en determinar si la compraventa pudo constituir un alzamiento de bienes, figura delictiva que castiga la ocultación o transmisión de patrimonio para eludir el pago a los acreedores. El caso añade presión sobre un concejal que compatibiliza sus responsabilidades de gobierno municipal con las áreas de Turismo, Desarrollo Local y Fiestas en un municipio cuyo nombre está ligado a la actividad turística de la bahía de Portmany, donde opera el conglomerado empresarial vinculado a O Beach.