La celebración en Barcelona del tercer aniversario del ataque de Hamás contra Israel ha desatado una nueva tormenta política en Cataluña. La manifestación, convocada por el grupo Samidoun —organización considerada terrorista por la Unión Europea y prohibida en varios países comunitarios—, se celebró bajo el lema «Tufan Al-Aqsa», el nombre en clave que Hamás dio al asalto del 7 de octubre de 2023, que causó 1.195 muertos y 251 secuestrados en Israel.
La líder de Aliança Catalana, Silvia Orriols, cargó con dureza contra la marcha y contra la Generalitat por permitirla. En una intervención en el Parlament, Orriols alertó a la consellera de Interior, Núria Parlón, de la naturaleza de la convocatoria: «Una organización considerada terrorista por los gobiernos de Canadá, Estados Unidos y Alemania, manifestándose impunemente en Cataluña y presumiendo de uno de los peores atentados islamistas de la historia». La formación independentista registró una instancia para suspender la manifestación, pero el Govern hizo caso omiso.
El eco de la polémica ha cruzado el Atlántico. El congresista estadounidense Carlos A. Giménez, alineado con el trumpismo, compartió un vídeo de la intervención de Orriols y escribió: «Mientras el president de la Generalitat financia a los terroristas de Hamás, Orriols, valientemente, apoya la alianza entre Occidente y el pueblo israelí». El respaldo supone un salto cualitativo, ya que acusa directamente al Ejecutivo catalán de financiar el terrorismo islamista.
Orriols ha centrado parte de su discurso en las aportaciones económicas de la Generalitat a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA). Según la líder de Aliança, desde 2004 y bajo gobiernos de Junts, ERC y PSC se han destinado más de ocho millones de euros a un organismo que, sostiene, «ha colaborado con el terrorismo islamista palestino». Estas críticas se apoyan en las recientes comparecencias ante la ONU en las que exresponsables de UNRWA admitieron que parte de su personal participó en los ataques del 7 de octubre. La ONU investigó a 19 trabajadores y despidió a nueve por su implicación.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, no respondió directamente a los ataques de Orriols, pero la acusó de demagoga y de jalear un genocidio en Gaza. Además, le preguntó si la financia Israel o algún grupo prosionista, y defendió las aportaciones a UNRWA señalando que «es de Naciones Unidas». El cruce de acusaciones entre ambos dirigentes se produce en un contexto de creciente tensión política en Cataluña, donde las encuestas sitúan a Aliança Catalana al alza.
La polémica también ha reavivado el debate sobre el cordón sanitario a la extrema derecha independentista. Orriols denunció la «impunidad» con la que, a su juicio, actúan organizaciones vinculadas al terrorismo islamista en Cataluña, mientras el Govern mantiene su apoyo a UNRWA pese a las retiradas de fondos por parte de Estados Unidos, Alemania, Suecia, Francia y hasta 17 países. La líder de Aliança ha convertido este asunto en uno de sus principales caballos de batalla, vinculando la política exterior catalana con la seguridad y la inmigración.