El Sindicato de Inquilinas de Madrid irrumpió este lunes en la sede de la empresa Alquiler Seguro, situada en la avenida de América, horas antes de la huelga general convocada para el 11 de noviembre. La acción, que se mantuvo en secreto hasta su ejecución, tenía como objetivo denunciar las prácticas de la compañía en la gestión de alquileres y poner el foco en la crisis de la vivienda que centra la movilización.
Según la información recogida, el grupo permaneció en el interior de la oficina durante unos minutos, tiempo en el que la portavoz Alicia del Río se dirigió a los presentes a través de un megáfono. No se registraron daños materiales ni se detectó un dispositivo de seguridad especial en la entrada. Finalmente, la Policía desalojó a los ocupantes, que permanecieron fuera del edificio alrededor de media hora mientras se les devolvían los documentos de identidad, uno a uno.
La protesta llega después de que el Ministerio de Consumo impusiera a Alquiler Seguro una multa de 3,6 millones de euros por considerar «abusivos» varios de sus contratos. Entre las cláusulas señaladas figuran cobros prohibidos por la ley de vivienda de 2023, condiciones relacionadas con seguros y la inclusión de inquilinos en listas negras. La compañía, que según el sindicato gestiona alrededor de 28.000 viviendas, ha anunciado que mantendrá esas prácticas y ha recurrido la sanción en los tribunales.
Desde el sindicato consideran que la multa es insuficiente y reclaman que se recupere el dinero pagado por los inquilinos. En su comunicado, la organización acusa a la empresa de quitarles el futuro, expresión que dio título al mensaje difundido durante la acción. Además, la entidad señala que la empresa comparte un perfil de accionariado vinculado a antiguos futbolistas, un dato que el colectivo utiliza para cuestionar el origen y el control del negocio.
La huelga general del 11 de noviembre tiene como eje la crisis de la vivienda. Respecto a la movilización laboral, los trabajadores pueden secundarla sin preaviso, y ni las empresas pueden tomar represalias ni exigir que se les comunique con antelación. Quienes participen perderán el salario o las horas correspondientes a ese día. Durante el paro, los servicios esenciales deben mantener una plantilla mínima.
El Gobierno ha expresado su apoyo a la huelga, a la que describe como una movilización a favor de los derechos y no en contra de nadie. Los ministros han indicado que mantendrán despejadas sus agendas ese día como muestra de respeto hacia la convocatoria.