El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha enviado una carta al comisario europeo de Migraciones, Magnus Brunner, en la que expresa su « profunda discrepancia » si la Comisión Europea excluye a España del grupo de « Estados sujetos a presión migratoria ». Según la misiva, a la que ha tenido acceso, esa decisión dejaría al país sin la condición de beneficiario de la solidaridad europea, con menos contribuciones financieras y menores facilidades para activar el mecanismo de reubicación de migrantes en otros Estados de la Unión.
En la evaluación anterior, de noviembre de 2025, España fue considerada junto a Italia, Grecia y Chipre como país « bajo gran presión migratoria ». Esa calificación permite activar el mecanismo de reubicación hacia otros Estados miembros o recibir mayores contribuciones financieras para políticas migratorias, tal y como recoge el Pacto de Migración y Asilo. Según el Gobierno, si España perdiera esa categoría sería el único país que cambiaría de estatus en este ciclo.
Marlaska sostiene que la posible decisión sería « doblemente errónea ». Por un lado, considera que penaliza los esfuerzos de España, en cooperación con socios africanos, para prevenir la migración irregular, lo que se refleja en un descenso de las operaciones de búsqueda y salvamento durante el periodo de referencia. Por otro, afirma que el informe no tiene debidamente en cuenta la dimensión cualitativa de los sucesos de Ceuta de los días 30 y 31 de julio de este año, cuando unas 80.000 personas cruzaron la frontera entre Marruecos y España en una de las mayores crisis migratorias recientes.
El ministro también señala como prueba del carácter estructural de la presión migratoria las 2.500 llegadas irregulares a Canarias registradas en las dos últimas semanas, que representan el 22% de las 11.470 producidas en las islas en 2026. Advierte además de que, si el próximo informe no tiene en cuenta « la excepcionalidad de la situación de Ceuta », no cumpliría su función de ser una herramienta útil y eficaz para la gestión migratoria en la Unión.
Como argumento adicional, Marlaska recuerda la ayuda recibida. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones anunció en marzo que la Comisión había aprobado la quinta modificación presupuestaria para España del Programa Nacional del Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI) para el periodo 2021-2027, con un presupuesto extra de 244 millones de euros y un acumulado de 812 millones desde el inicio del programa. A ello se suman 82 millones recibidos a través del mecanismo temático del Fondo y 114,7 millones de ayuda de emergencia para gestionar la situación en Ceuta. El ministro considera que negar la presión migratoria sobre España « es negar una evidencia » y que cuestiona las reacciones de la UE y de los Estados miembros durante estos meses.
En la misma carta, el ministro plantea el dilema de cómo evitar que los Estados que mejoran sus cifras de inmigración irregular de un año a otro vean cómo esos logros no se traducen en el reconocimiento del efecto acumulado y estructural de la presión que afrontan. « Después de años de esfuerzo y de largas negociaciones por alcanzar un acuerdo sobre el Pacto Europeo de Migración y Asilo, no podemos permitirnos que la credibilidad del Pacto se vea comprometida », insiste.
El contexto político añade tensión al debate. La regularización de inmigrantes irregulares aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez, junto con la crisis de Ceuta, ha colocado a España en una posición incómoda frente a un grupo de Estados miembros cuyos Ejecutivos han adoptado las políticas más duras contra la inmigración. En el último Consejo Europeo, España, con el respaldo de Portugal, Luxemburgo y Francia, logró bloquear el intento de Dinamarca, Polonia e Italia de que la UE censurara la regularización migratoria española.