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Gobierno y fuentes oficiales difieren en cifras de homicidios, con brecha creciente

Los datos del gabinete de seguridad sobre homicidios dolosos no coinciden con los del Secretariado Ejecutivo y el INEGI, y la distancia entre fuentes se amplió durante el gobierno de Claudia Sheinbaum.

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DavidConFran · CC BY-SA 3.0 · rights

Este artículo se ha producido con ayuda de IA bajo la responsabilidad editorial de Haydamax OÜ.

El gobierno federal sostiene que los homicidios dolosos han caído cerca de 50 por ciento frente a 2024, según los informes mensuales de violencia que presenta el gabinete de seguridad. Sin embargo, las cifras que sustentan esa reducción no coinciden con las de otras fuentes oficiales, y la diferencia entre ellas se ha ampliado en los últimos años.

Los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública se construyen a partir de los reportes que entregan las fiscalías estatales. En cambio, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) elabora sus conteos con base en actas de defunción, registros de necropsia y datos forenses. Esa diferencia metodológica explica, en buena medida, por qué ambas series rara vez coinciden.

En octubre, la brecha entre ambas fuentes fue de 5 mil 140 homicidios, lo que representa una reducción oficial de alrededor de 21 por ciento. Un análisis citado en el debate sostiene que la divergencia entre las dos series creció cerca de 291 por ciento desde 2022, y que durante la administración de Claudia Sheinbaum alcanzó su nivel más alto desde 2015.

Especialistas coinciden en que los homicidios sí han disminuido durante el actual gobierno, aunque en menor proporción que la presentada en las conferencias oficiales. La discusión, por tanto, no gira en torno a si hubo una baja, sino sobre su magnitud y sobre la confiabilidad de las cifras que la respaldan.

Una columna de opinión publicada en el mismo debate plantea que el gobierno gana la disputa por los datos pero pierde credibilidad ante la opinión pública. Las encuestas recientes reflejan, en efecto, una desaprobación ciudadana del desempeño en materia de combate a la delincuencia.

Al analizar los homicidios en términos absolutos, Guanajuato aparece como la entidad con más casos. Sin embargo, cuando se considera la tasa por cada 100 mil habitantes, los primeros lugares corresponden a Colima, Sinaloa y Morelos, tres entidades gobernadas por Morena. Esta distinción entre conteo total y tasa per cápita suele quedar fuera del discurso público, lo que contribuye a la confusión sobre el panorama real.

El debate sobre la cobertura periodística del tema también forma parte del contexto. Administraciones anteriores ejercieron presión sobre los medios en la difusión de notas de crimen, y la de Enrique Peña Nieto es señalada como la más restrictiva. Un estudio piloto de una consultora, que no ha sido publicado, midió la cobertura mediática de las afirmaciones sobre homicidios y encontró que la información sobre crimen organizado superó con creces la atención a los datos del gobierno. La cobertura se concentró en los cárteles de Sinaloa y Jalisco, así como en La Barredora, vinculada con Tabasco.

En consecuencia, la discusión pública se ha centrado más en la narcopolítica y en las presiones de Estados Unidos que en las cifras oficiales de homicidios. Para los lectores, la controversia implica que las mismas autoridades presentan series distintas sobre un mismo fenómeno, y que la evaluación de la política de seguridad depende en buena medida de cuál de esas fuentes se considere válida.

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