El Gobierno y el Partido Socialista han reaccionado con dureza a la condena de David Sánchez, hermano del presidente Pedro Sánchez, a nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un delito de prevaricación administrativa. La sentencia, dictada por la Audiencia Provincial de Badajoz, ha sido calificada desde Moncloa como una «barbaridad» y parte de una operación para «derribar» al Ejecutivo ante la incapacidad de hacerlo en las urnas.
La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha asegurado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que el origen de esta causa es «dañar al presidente del Gobierno a través de su entorno familiar». Saiz ha recordado que la denuncia inicial partió de una organización ultraderechista, Manos Limpias, y que la Fiscalía ha ido «desmontando cada una de las acusaciones» y ha solicitado la absolución. «Creemos en la inocencia de David Sánchez», ha insistido, al tiempo que ha expresado su confianza en que «instancias superiores constaten su inocencia», en alusión al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.
El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha ido más allá al afirmar en la red social X que esta época «se estudiará en los libros de historia» como aquella en la que «tensaron las costuras de nuestras instituciones más esenciales» con la «única finalidad» de «derribar a un Gobierno» por otros medios que no son las urnas. En un mensaje posterior, ha añadido que «el PP nos acusa de hacer ingeniería electoral, cuando a lo que estamos asistiendo más bien es a albañilería judicial». Estas declaraciones han sido interpretadas como una acusación directa de lawfare, aunque desde Moncloa evitan usar ese término y prefieren hablar de «causa política».
Fuentes de Moncloa han admitido un profundo enfado tras la sentencia, que consideran dictada «sin pruebas». Alertan además del precedente que supondría condenar a un «inocente» por su condición de hermano del presidente. Desde la dirección socialista, reiteran que tanto David Sánchez como el exsecretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, y los técnicos también condenados son «inocentes». Aseguran respetar la resolución judicial, pero subrayan su «discrepancia». «La propia sentencia no da por probado que se ejerciera ninguna presión o influencia», sostienen estas fuentes, que insisten en que todo parte de una denuncia «basada en fake news» y recuerdan que tanto la defensa como la Fiscalía solicitaron la absolución.
El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha calificado la sentencia como una «cacería contra el Partido Socialista y contra Pedro Sánchez». «Me parece una auténtica barbaridad», ha declarado, en sintonía con el malestar generalizado en las filas socialistas. La condena se ha conocido media hora antes del inicio de la rueda de prensa del Consejo de Ministros, mientras Pedro Sánchez se encontraba en un acto en París con motivo del 14 de julio.
La portavoz del Gobierno también ha aprovechado para cargar contra el juez Juan Carlos Peinado, que instruye la causa contra Begoña Gómez, esposa del presidente. Saiz ha hablado abiertamente de «acoso político» contra ella y ha denunciado una «obsesión» en la última decisión del juez de pedirle que acredite que viajó a Reino Unido para asistir a la graduación de su hija, después de permitirle utilizar el pasaporte solo para ese fin. «Saben cuáles son los trámites, esto es una prueba más de la obsesión, del acoso político a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno», ha lanzado. Fuentes de Moncloa insisten en que todas las decisiones de este juez constatan su «obsesión, persecución y acoso público» contra Begoña Gómez, «una situación que solo atiende a motivos políticos».
Desde el Ejecutivo, se evita hablar abiertamente de lawfare, pero se enmarca el caso en una estrategia más amplia de desgaste. «Este caso forma parte de una estrategia para desgastar a un Gobierno progresista por cualquier medio. Cuando se persigue a personas inocentes por ser familiares del presidente y el ruido se impone a los hechos, pierde la democracia. Perdemos todos», han remachado desde Ferraz. La condena a David Sánchez se suma así a la creciente tensión entre el Gobierno y el poder judicial, en un contexto de múltiples causas abiertas contra el entorno del presidente.