El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha convocado elecciones generales anticipadas para el próximo 29 de noviembre. La decisión, anunciada a primera hora de la mañana tras un fin de semana de reflexión en el Palacio de la Moncloa, pone fin a una legislatura que se cierra sin haber aprobado unos Presupuestos Generales del Estado, algo que ocurre por primera vez en la historia de la democracia española.
El detonante inmediato ha sido la última derrota parlamentaria del Ejecutivo, que provocó la caída de los decretos de vivienda. Sánchez había reiterado en múltiples ocasiones su compromiso de agotar la legislatura hasta 2027 y de presentar las cuentas públicas para 2026, pero ninguna de esas promesas se ha cumplido. La fragmentación del arco parlamentario ha dificultado la aprobación de cada medida llevada a la Cámara, y el Gobierno no ha logrado sacar adelante sus iniciativas clave.
El adelanto electoral llega en un clima de creciente crispación social. La crisis de la vivienda ha sido el factor determinante de la caída del Gobierno progresista, por encima de los casos judiciales que han salpicado al Ejecutivo o de la crisis migratoria de Ceuta. El pasado 23 de septiembre, la ejecución del desahucio de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años que fue obligada a abandonar la casa en la que vivía desde hacía siete décadas, desencadenó una ola de indignación en todo el país. Su imagen saliendo en camilla hacia el hospital se convirtió en un símbolo de la lucha por el derecho a la vivienda.
La situación de Maricarmen reflejaba las lagunas de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994, que limita a dos años la subrogación del contrato de alquiler en hijos de inquilinos fallecidos, salvo en casos de discapacidad reconocida igual o superior al 65 %. Aunque su contrato había vencido en 2007, ella siguió pagando la renta. Tres intentos de desahucio fueron paralizados antes de que el cuarto se ejecutara. Tras las manifestaciones de esos días, se alcanzó un acuerdo que le permitía regresar a su casa cuando fuera dada de alta, pero Maricarmen falleció este miércoles en el hospital.
La indignación se materializó en una acampada en la Puerta del Sol que crece cada día y que ha evolucionado hacia una protesta con un objetivo claro: forzar medidas urgentes en materia de vivienda. Los sindicatos, a excepción de USO y CSIF, se han sumado a la movilización y han anunciado una huelga general para el próximo 11 de noviembre, dos días antes del inicio de la campaña electoral. Sería el primer paro general de la era Sánchez, una convocatoria que ha sido duramente criticada por la patronal. Antonio Garamendi ha denunciado que no responde a motivos laborales y que podría ser ilegal.
El 29 de septiembre, el Consejo de Ministros aprobó por primera vez los decretos de vivienda, que esta semana han vuelto a Moncloa para intentar que al menos uno de ellos salga adelante a través de la Diputación Permanente. La campaña electoral se prevé intensa y bronca, con la vivienda, la política internacional y los logros económicos como ejes para la izquierda, y la gestión de la crisis de Ceuta, las causas judiciales que rodean al Ejecutivo y las dificultades de las familias para llegar a fin de mes como argumentos para la derecha. Queda por ver cómo influirá el efecto Maricarmen en una cita con las urnas marcada por la movilización social.