El exministro de Transportes José Luis Ábalos ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional para intentar anular la sentencia del Tribunal Supremo que le condenó a 24 años de prisión en la conocida como causa de las mascarillas. La defensa pide también que se suspenda el cumplimiento de la pena mientras se tramita el recurso.
El núcleo de la impugnación es la competencia del tribunal. Según la defensa, el caso debió juzgarse en la Audiencia Nacional y no en el Supremo. Los abogados recuerdan que Ábalos dejó de ser diputado el 28 de enero de 2026 y sostienen que, aun así, el Supremo mantuvo su jurisdicción pese a la pérdida del escaño. Para respaldar esa tesis citan un acuerdo de pleno no jurisdiccional de 2014, que, a su juicio, respalda el planteamiento de que la aforamiento no puede prolongarse de forma indefinida tras perder el cargo.
La defensa también cuestiona la fiabilidad de la prueba que sustentó la condena. Sostiene que el testimonio de Víctor de Aldama, a quien describe como un «coacusado premiado», carece de corroboración suficiente. Según el escrito, Aldama colaboró con la acusación a cambio de beneficios procesales, y no está obligado a devolver la comisión de 3,7 millones de euros que, según la acusación, percibió en el marco de la trama.
Otro de los puntos discutidos es el vínculo de Ábalos con los apodos «Gran» y «Goblins», a los que se atribuyen pagos. La defensa niega esas entregas y señala que la relación de esos sobrenombres con el exministro depende exclusivamente de lo que declaró Aldama. Los abogados se quejan además de que no han tenido acceso completo a los soportes digitales de la UCO: sostienen que solo se les ha entregado una selección de los mensajes intervenidos, lo que limita, a su juicio, su capacidad para defender a su cliente.
El recurso llega en un momento en que la investigación sobre la trama de contratos vinculada al exministro Koldo García sigue abierta. En un procedimiento distinto, la UCO ha registrado nuevas dependencias en una investigación sobre el Ministerio de Transportes. Entre los seis detenidos figura Cristian Corvillo, que fue chófer de Pedro Sánchez, y también ha sido detenida Andrea de la Torre, pareja de Ábalos. Los agentes han acudido igualmente a la sede de Adif para recabar información. Según las fuentes citadas, Corvillo podría haber llegado a ingresar hasta 100.000 euros.
Con el recurso de amparo, la defensa de Ábalos traslada al Constitucional un debate que combina cuestiones procesales, de competencia y de valoración de la prueba. La decisión del tribunal sobre la admisión y el eventual efecto suspensivo determinará si la condena de 24 años puede ejecutarse mientras se resuelve el caso.