Las principales centrales sindicales españolas han convocado una huelga general por la vivienda el 11 de noviembre, un paro de 24 horas que se extenderá desde las 00:00 hasta las 24:00. Se trata del primer paro general respaldado por las principales centrales en 14 años, y su convocatoria llega tras semanas de protestas, manifestaciones y acampadas en varias ciudades del país.
La convocatoria la encabezan UGT y CCOO, a las que se suman CGT, CNT, Intersindical, Co.Bas y Solidaridad Obrera. También dan su apoyo la Unión de Actores y Actrices y la Confederación de Sindicatos de Inquilinas. El movimiento tiene su origen en el movimiento de inquilinos, que ha ido ganando peso en los últimos meses a medida que el acceso a una vivienda digna se ha convertido en una de las principales preocupaciones de trabajadores y familias.
La aplicación del paro será variable según el territorio y el sector. Según las notas disponibles, podrían producirse paros parciales de dos o tres horas en algunos ámbitos. Los servicios esenciales mantendrán los mínimos fijados por las autoridades. Renfe ha establecido servicios mínimos del 72 % en alta velocidad, mientras que la red ferroviaria mantendrá una oferta parcial, con mayor cobertura en los trayectos urbanos.
Más allá de la vivienda, los convocantes reclaman subidas salariales generales de entre el 4 % y el 7 %, así como una subida del salario mínimo de al menos un 7 % en 2027. También piden una reducción de la jornada laboral y el desbloqueo de la negociación colectiva. El conjunto de reivindicaciones combina, por tanto, el problema habitacional con cuestiones laborales y de renta.
La huelga coincide con el inicio de la campaña para las elecciones generales del 29 de noviembre, un contexto que añade un componente político al debate. El Partido Popular considera que existe una motivación política detrás de la protesta. Por su parte, el Gobierno defiende el derecho de los sindicatos a movilizarse, y el presidente Pedro Sánchez ha vinculado la huelga con el acceso a la vivienda de trabajadores y familias.
No todos los actores respaldan la convocatoria. La CEOE y Cepyme cuestionan que las reivindicaciones tengan una naturaleza estrictamente laboral, y el sindicato CSIF se ha desmarcado de la movilización. Queda por ver cuál será el seguimiento real del paro y cómo se aplicará en cada territorio y sector, aspectos que todavía no están claros a partir de la información disponible.