La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (AITAT) ha emitido recomendaciones urgentes para reanudar la circulación ferroviaria tras la pérdida de transmisión del sistema LZB, con el fin de evitar nuevos riesgos como los detectados en el accidente de Urda, en Toledo. La propuesta principal es que los trenes avancen en modo «marcha a la vista» y a una velocidad máxima de 40 kilómetros por hora hasta que se revisen los protocolos vigentes.
El siniestro se produjo el 28 de octubre en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, en el punto kilométrico 118,8. Según el recuento provisional, murieron 69 personas y más de 200 resultaron heridas. Un tren Iryo, con el número 6076, se había detenido en la señal de entrada a Urda cuando el Renfe AVE 2080 colisionó contra su parte trasera. Ambos convoyes circulaban a alta velocidad.
Según los datos recogidos hasta ahora, el sistema LZB dejó de transmitir señal unos 22 minutos antes del impacto, a las 8:31. Para continuar con la circulación fue necesario pasar al sistema de respaldo BSL, lo que obligó a ajustar los trenes que ya se encontraban en la línea. La coordinación de esa operación se llevó a cabo por teléfono entre el centro de regulación (CRC) y los maquinistas, un procedimiento que ahora la comisión considera insuficiente.
La AITAT pide revisar los protocolos del CRC para las transiciones entre el LZB y el BSL, así como evaluar específicamente los riesgos que implica ese cambio de sistema. Las recomendaciones están dirigidas a Adif y a la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF). Se trata de medidas preventivas y no de conclusiones sobre las causas del accidente, cuya investigación sigue abierta y cuyo informe final tardará meses en publicarse.
Las recomendaciones cuentan con el respaldo de maquinistas, de operadores ferroviarios, entre ellos Renfe, y de los sindicatos del sector. Sin embargo, el Ministerio de Transportes todavía no ha convertido esta medida en un protocolo formal. Hasta que eso ocurra, la marcha a la vista a 40 km/h se mantendría como medida provisional.
En cuanto a las víctimas, las dos últimas unidades de vagón han sido retiradas de la zona del accidente. De los 69 fallecidos, 67 ya han sido entregados a sus familias, mientras que los dos restantes esperan los trámites consulares en Toledo. Todas las víctimas han sido identificadas: 56 mediante huellas dactilares y 13 por ADN. Entre los fallecidos hay 54 personas de nacionalidad española y 15 extranjeras procedentes de diez países.
La Guardia Civil ha reducido su presencia en el lugar a controles puntuales, mientras que la policía judicial mantiene su labor. Más de sesenta profesionales participaron en las autopsias y en los procesos de identificación.