El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, admitió que el gasto en pensiones necesita revisiones periódicas para ajustarlo a la realidad económica. Según explicó, un Gobierno del PSOE actualizaría las pensiones con el Índice de Precios al Consumo (IPC), y reconoció que esa medida exige comprobar de forma regular si el sistema está bien financiado. La idea sintetiza la posición del Ejecutivo: confianza en los datos actuales, pero con la obligación de seguir midiéndolos.
Las declaraciones se produjeron durante un debate en La Sexta en el que participaron cuatro portavoces económicos de otros tantos partidos. Además de Cuerpo, intervinieron Ernest Urtasun, en representación de su formación, el diputado de Frente Amplio Pablo Bustinduy, Juan Bravo, secretario adjunto de Política Fiscal del PP, y José María Figaredo, portavoz económico de Vox. Bustinduy, ministro de Derechos Sociales y Consumo, defendió también la revalorización de las pensiones con el IPC, y Bravo se mostró en la misma línea. Cuerpo y Bustinduy ocupan hoy responsabilidades de Gobierno, mientras Bravo y Figaredo hablaron desde la oposición.
El punto de mayor coincidencia fue la revalorización ligada al IPC, pero las posiciones divergieron en el diagnóstico. Figaredo calificó el sistema de pensiones de insostenible y atribuyó parte del problema a la inmigración, una afirmación que quedó sin respaldo en el propio debate y que sigue siendo objeto de controversia. Bravo, por su parte, recordó la cláusula de salvaguarda incluida en la reforma de 2023 como mecanismo de protección del sistema, y situó el debate en la necesidad de que las reglas previstas se cumplan.
Esa cláusula establece que, si el gasto en pensiones supera el 13,3 % del PIB, deben aplicarse ajustes. Para vigilar esa cifra, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) revisa el gasto en pensiones cada tres años. Su primera revisión concluyó que no era necesario adoptar medidas, y Cuerpo citó ese dictamen para afirmar que el organismo confirmó que las pensiones están bien gestionadas. El procedimiento, por tanto, combina un límite numérico automático con una evaluación técnica periódica.
Queda abierta, sin embargo, la cuestión de si serán necesarios ajustes en la próxima revisión trienal. El debate no permitió despejar esa incógnita, y la frase de Cuerpo sobre si el país está «haciendo bien los deberes» resume la discusión: el Gobierno sostiene que los resultados hasta ahora son satisfactorios, pero reconoce que la sostenibilidad del sistema debe comprobarse de forma continua. Las posiciones de PP y Vox, aunque distintas en sus conclusiones, coinciden en que el asunto requiere atención permanente en la agenda económica.