El Gobierno ha declarado la emergencia en Canarias por la llegada de migrantes y ha aprobado una partida de 15,18 millones de euros destinada a nuevas plazas de acogida y a traslados entre islas y hacia la península. La decisión se adoptó en la Comisión Interministerial de Migración, presidida por el ministro Ángel Víctor Torres, y responde a la presión creciente que sufre El Hierro, la isla más pequeña del archipiélago que concentra la mayor parte de las llegadas por la ruta atlántica desde septiembre.
El Hierro tiene unos 11.000 habitantes. Según ha explicado Torres, el 92% de las personas rescatadas en sus aguas proceden de África subsahariana, y muchas de ellas podrían solicitar protección internacional. Además de la partida para plazas y traslados, el Gobierno destinará un millón de euros adicional a los servicios sanitarios de Cruz Roja en la isla, una cuantía dirigida a reforzar la atención a quienes llegan en las embarcaciones.
En el ámbito de la seguridad marítima, el Ejecutivo ha incorporado el guardamar Calíope a la flota de Salvamento Marítimo. De los cinco guardamares operativos con los que cuenta España, tres tendrán base en El Hierro. La isla dispone además de un segundo Salvamar desde noviembre de 2024, lo que refuerza los medios de rescate en una zona por la que transitan buena parte de las embarcaciones que parten de la costa africana.
El presidente del Cabildo de El Hierro, Alpidio Armas, ha informado de que el Gobierno ha prometido un hospital de campaña en el CATE de San Andrés. El Cabildo reclama asimismo fondos para el puerto de La Restinga y más plazas de acogida en la isla capital. Por su parte, la Delegación del Gobierno incorporará personal adicional para tramitar el traslado de los menores no acompañados, y el Estado se ha mostrado dispuesto a financiar a los representantes legales de estos menores en el marco del Pacto Europeo de Migración y Asilo.
Al acto asistieron el presidente canario, Fernando Clavijo, y el presidente del Cabildo. Clavijo ha presentado un documento de nueve puntos que cuenta con el respaldo de todos los grupos del Parlamento regional, salvo Vox. Entre sus peticiones figuran medidas fiscales, ayudas directas a las empresas y bonificaciones en la Seguridad Social, inspiradas en las que se aplicaron en Ceuta. El Gobierno canario también pide reuniones semanales, un plan de contingencia, más recursos de Frontex y mecanismos de solidaridad europea.
Sin embargo, varias de estas reclamaciones siguen sin resolverse. Las ayudas económicas, las bonificaciones y el apoyo al tejido empresarial continúan pendientes. Hacienda se ha limitado a estudiar medidas para los costes extraordinarios y las haciendas locales, mientras que el Ministerio de Economía se ocupará únicamente de seguir el impacto económico de la crisis en la isla. En paralelo, el ministro del Interior ha realizado recientes viajes a Mauritania, Gambia y Senegal para abordar la cuestión en el terreno diplomático.