El Centro de Descendientes de Españoles Unidos (U), una asociación que agrupa a españoles exiliados y a sus familiares, ha presentado este jueves las primeras alegaciones contra el auto del Tribunal Supremo que mantiene la suspensión cautelar del derecho al voto de los nacionalizados al amparo de la Ley de Memoria Democrática. La organización, la primera en actuar ante la decisión del Alto Tribunal, ha recurrido al abogado Eduardo Ranz para registrar el escrito ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo, según ha informado la entidad en un comunicado.
La medida afecta a unas 163.000 personas que obtuvieron la nacionalidad española gracias a la conocida como ley de nietos y que ya estaban inscritas en el censo de residentes en el exterior. El Supremo mantuvo la suspensión cautelar el pasado 12 de octubre, una medida que estaba vigente desde el 10 de septiembre y que se vio obligada a revisar tras la convocatoria de elecciones generales para el 29 de noviembre. El auto concedía cinco días hábiles a los afectados para personarse en las actuaciones y formular alegaciones, plazo que ha motivado la presentación urgente del escrito.
El objetivo de U, según explica en su comunicado, es «suspender» la medida cautelar del Supremo para que «todos los españoles tengan garantizado su derecho al voto, en una ocasión especialmente necesaria como son las próximas elecciones generales». La asociación considera que su paso es «fundamental» para revertir una decisión que, a su juicio, deja sin voz a miles de ciudadanos que obtuvieron la nacionalidad por vía legal y que ya figuran en el censo electoral.
La entidad recuerda que fue «clave en el reconocimiento de la nacionalidad española a los hijos y nietos de emigrantes» después de «12 años de diversas tramitaciones parlamentarias», un proceso que culminó con su recogida en la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática. Por ello, sostiene que la suspensión del voto supone un retroceso en los derechos que esa norma quiso garantizar y advierte contra lo que describe como un «dejavú del voto rogado», el sistema que durante años obligó a los residentes en el exterior a solicitar previamente el sufragio y que fue eliminado en 2022.
El escrito ha sido registrado «ante el inminente vencimiento de los plazos» para presentar alegaciones contra el mantenimiento de la medida cautelar. La asociación agradece la labor de los letrados del equipo de José Martín Pallín, exmagistrado del Tribunal Supremo, y su «altruismo compartido en la defensa de los derechos de todos los españoles, incluidos los residentes en el exterior». Fuentes de la entidad subrayan que este paso busca «hacer justicia» y evitar que se repita la exclusión electoral que sufrieron los emigrantes en el pasado.
De manera paralela, U ha presentado una queja al Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, en la que pide que intervenga de manera urgente «ante la afectación colectiva del derecho fundamental de sufragio activo» recogido en la Constitución. La asociación argumenta que la suspensión afecta a un derecho básico y que su restricción no puede prolongarse sin un pronunciamiento de fondo.
La decisión del Supremo mantiene la suspensión para los nacionalizados que aún no estaban inscritos en el Centro de Residentes Ausentes (CERA) y para los que sí lo estaban, salvo que los consulados españoles en el extranjero acrediten que son descendientes de exiliados. La Junta Electoral Central ha ordenado enviar la documentación para el 29N a todos los inscritos en el extranjero con el aviso de que no todos podrán votar, lo que ha generado incertidumbre entre los afectados.
El caso sigue su curso en la Sala de lo Contencioso-Administrativo, que deberá resolver las alegaciones presentadas. Mientras tanto, las asociaciones de descendientes de españoles continúan asesorando gratuitamente a los afectados y participando en organismos como el Consejo de Residentes de Españoles en Buenos Aires, con el fin de que ningún ciudadano quede excluido del próximo proceso electoral.