La Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, que dirige Mercedes Zarzalejo, ha enviado a los centros educativos no universitarios un documento con las pautas que deben seguir para garantizar la «neutralidad» en relación con la huelga y evitar, según el texto, un supuesto «adoctrinamiento» del alumnado. Las directivas de los institutos ya habían rechazado la medida incluso antes de conocer su contenido completo, y ahora aseguran estar «consternadas».
El documento, que cita artículos y normas específicas, establece una lista de prohibiciones. Entre ellas figuran la colocación de carteles en el centro que muestren adhesión a partidos o candidaturas, y pedir o animar a los alumnos a sumarse a protestas, huelgas, concentraciones, recogidas de firmas o campañas vinculadas a un conflicto político. También se incluye no transmitir opiniones políticas, ideológicas, partidistas o sindicales con el fin de que los alumnos las compartan, ni utilizar las clases para ganar el apoyo del alumnado a cualquiera de las partes de un conflicto político.
Otros puntos de las instrucciones prohíben hacer comentarios o señalamientos sobre compañeros que hacen huelga o que deciden acudir a trabajar, emplear aulas virtuales, redes u otros medios para difundir mensajes proselitistas o partidistas, e invitar al aula, en horario lectivo, a personas ajenas para movilizar a los alumnos en un conflicto político. El anexo incluye además un modelo de comunicación de incidencias relativas al deber de neutralidad, con el que cualquier persona podría denunciar a un centro indicando el tipo de incidencia.
La Consejería sostiene en el documento que el centro docente «es de todos y debe ser neutral», y que su función es «educar, no adoctrinar», una labor que, según el propio texto, profesores y directores desarrollan «con profesionalidad y compromiso». Pese a ello, el Gobierno de Ayuso considera necesario precisar qué está permitido y qué no para «garantizar esa neutralidad». La orden se produce en pleno enfrentamiento entre la Consejería y los sindicatos, que mantienen el choque con Zarzalejo, quien se niega a sentarse con el comité de huelga.
Las instrucciones también señalan que no limitan derechos legítimos, como la libertad de cátedra del docente o el uso de tablones por parte de las organizaciones sindicales. En caso de «indicios graves», la Inspección Educativa podrá visitar el centro y entrevistarse con las personas implicadas. Según relatan algunos profesores, esa inspección ya había empezado a actuar la semana pasada: algunos inspectores comunicaron oralmente la instrucción a las direcciones y les instaron a retirar las pancartas sin esperar al comunicado oficial. En algunos centros, las pancartas que decoraban la verja exterior desde el inicio de la huelga han sido sustituidas por corazones verdes.
Rosa Rocha, presidenta de Adimad, la principal asociación de directores de centros de Secundaria de la comunidad, afirma que los directores están «consternados» desde que leyeron las instrucciones. «No sabemos muy bien qué consecuencias puede tener esto, las estamos leyendo con atención y estudiando si es viable aplicarlas», explicó. La asociación ya había advertido cuando se anunció la medida de que no pensaba seguir esta instrucción.
En una nota de prensa, los directores rechazaron «de forma rotunda cualquier insinuación» de que exista adoctrinamiento político o ideológico en las aulas públicas madrileñas, y afirmaron que esa idea no se corresponde con el funcionamiento real de los centros ni con la profesionalidad del profesorado. La asociación consideró que plantear esa supervisión mostraba un «preocupante desconocimiento» de la labor diaria en las aulas y de la complejidad organizativa de los centros. Además, señalaron que no aceptarán que se les atribuyan funciones de vigilancia o limitación del ejercicio legítimo de la libertad de expresión de alumnos, docentes o representantes sindicales dentro del marco legal vigente.
El conflicto llega en un contexto de creciente tensión en las aulas. Según un servicio de ayuda a docentes puesto en marcha por el sindicato ANPE en 2005, el Defensor del Profesor, las agresiones de alumnos y familias a profesores han aumentado un 20 % en un año, y los propios docentes hablan de más conflictividad en las clases. Sin embargo, la Consejería no ha vinculado sus instrucciones con esos datos, y el debate sigue centrado en qué límites deben tener la expresión política y sindical dentro de los centros educativos.