El Consejo de Ministros ha aprobado un nuevo paquete de medidas para contener el impacto económico de la guerra en Irán, que ya acumula un coste superior a los 12.000 millones de euros para las arcas públicas. Se trata del tercer real decreto desde que estalló el conflicto a finales de febrero, y su objetivo es evitar que el encarecimiento de la energía se traslade íntegramente a hogares y empresas. La vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, resumió la situación desde Dublín, antes de participar en el Consejo Europeo de Energía: «Estamos en una crisis energética».
El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, explicó tras la reunión del Ejecutivo que el decreto «supone un gran esfuerzo presupuestario» y que la mayor parte de las medidas estarán vigentes hasta el 31 de diciembre. La urgencia responde al deterioro de los mercados energéticos desde el comienzo del verano. La inflación se disparó hasta el 4,9% en septiembre, su nivel más alto desde febrero de 2023, y dos puntos de ese aumento se atribuyen directamente a la energía, según los datos adelantados por el Instituto Nacional de Estadística.
Una de las medidas centrales es la prórroga de las ayudas fiscales a los carburantes, en un contexto en el que la gasolina y el diésel superan ya los dos euros por litro. El nuevo esquema no mantiene el descuento general de 20 céntimos aprobado tras el estallido de la guerra, sino que establece una retirada progresiva durante el cuarto trimestre. El recorte del Impuesto Especial sobre Hidrocarburos será de 20 céntimos en octubre, 13 céntimos en noviembre y 6 céntimos en diciembre. No obstante, se incluye una cláusula de salvaguarda que permitirá recuperar los 20 céntimos si los precios energéticos suben por encima del 15%. Cuerpo recordó que los precios después de impuestos en España están ya «significativamente» por debajo de la media europea, con una traslación «rápida y plena» constatada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
En el ámbito del gas, el decreto vuelve a intervenir la Tarifa de Último Recurso (TUR), a la que están acogidos más de tres millones de consumidores, cerca de la mitad del total. Para evitar un aumento superior al 45% con la llegada del otoño y la temporada de calefacciones, se limita la componente relacionada con el coste de la materia prima al 35% para el último trimestre de este año y al 15% para los siguientes. Aagesen detalló que la TUR «en vez de subir ese 49% se quede en un 15%». El Gobierno no ha concretado el coste de esta medida, aunque en 2021, cuando se adoptó un límite similar, se presupuestaron 3.000 millones que finalmente no se ejecutaron en su totalidad.
El texto también recupera la limitación temporal del precio del butano. Hasta el 30 de junio de 2027, la bombona de 12,5 kilogramos no podrá superar los 19,55 euros por envase en la Península. Además, se establece un mecanismo para recuperar temporalmente el IVA del 10% sobre la electricidad y determinados combustibles, y se rebaja el Impuesto Especial sobre la Electricidad al mínimo legal del 0,5% si el IPC energético supera el umbral del 15%.
Para reforzar la «soberanía energética», en palabras de Cuerpo, el decreto introduce una obligación extraordinaria de almacenamiento de gas natural licuado entre noviembre de 2026 y marzo de 2027. El Plan de Acción Invernal amplía las reservas disponibles en las plantas de regasificación hasta 21 días distribuidos entre los cinco meses invernales, frente a los 16,5 días del año anterior. Este incremento afecta especialmente a noviembre, diciembre y marzo, mientras que enero mantiene sus niveles. Con estas medidas, el Ejecutivo busca amortiguar el golpe de un conflicto que sigue tensionando el suministro global y que ya ha obligado a España a desplegar tres decretos de ayuda en apenas unos meses.