La Audiencia Nacional ha condenado a 17 años de prisión a José Ramón Prado Bugallo, conocido como Sito Miñanco, por liderar una organización criminal que intentó introducir casi cuatro toneladas de cocaína en Europa en 2017. La sentencia, dictada este miércoles, impone además multas que superan los 420 millones de euros por delitos contra la salud pública y blanqueo de capitales.
El fallo pone fin al macrojuicio de la operación Mito, que se prolongó durante 32 jornadas celebradas a lo largo de cuatro meses y quedó visto para sentencia en marzo de 2025. En el banquillo se sentaron 43 acusados, entre ellos el abogado Gonzalo Boye, defensor del expresidente catalán Carles Puigdemont, quien finalmente ha sido absuelto de los delitos de blanqueo de capitales y falsedad documental que le imputaba la Fiscalía.
Junto a Miñanco, la sentencia condena a más de una veintena de acusados, incluidos los tripulantes del buque interceptado, con penas que oscilan entre los 17 años y los tres años de cárcel. Por el contrario, el tribunal absuelve a 20 personas físicas y cuatro jurídicas. La Fiscalía solicitaba para el narcotraficante gallego, apodado Mario dentro de la organización, 31 años y seis meses de prisión por intentar introducir en España más de tres toneladas de cocaína procedente de Sudamérica, ocultar más de 11 millones de euros y blanquear dinero.
La investigación, desarrollada entre 2016 y 2018, reveló que Sito Miñanco no había abandonado la actividad delictiva ni siquiera mientras cumplía condena en régimen abierto por otra causa de narcotráfico en Algeciras, donde trabajaba en un aparcamiento. El auto de procesamiento de 2020 describía un entramado integrado por personas con experiencia en el negocio del narcotráfico que actuaban «de forma casi reverencial» ante él. «El entramado criminal dirigido y controlado por José Ramón Prado Bugallo tenía un marcado carácter personalista», recogía la resolución, que subrayaba que todas las decisiones eran adoptadas o supervisadas por él.
Las operaciones que ahora se enjuician se remontan a 2017. El 6 de febrero de ese año, la Policía Nacional incautó 889.620 euros en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas a cinco investigados que trataban de transportar el dinero a Colombia en varias maletas. En ese episodio entró en escena Gonzalo Boye, acusado por la Fiscalía de haber participado en la elaboración de documentación falsa para justificar la procedencia del dinero, una tesis que la Audiencia Nacional ha descartado. La sentencia considera probado que fue Manuel González Rubio quien confeccionó los contratos privados de compraventa de letras de cambio y después se los entregó a Boye para que los presentara ante la Administración.
Meses después, las fuerzas de seguridad cercaron dos veces a la organización. El 2 de octubre abordaron en alta mar, a la altura de las Azores, el buque Thoran, en el que iban ocultos 3.305 kilos de cocaína supuestamente comprados a redes colombianas. El 9 de noviembre fueron intervenidos otros 615 kilos en una nave en Países Bajos. Durante el juicio, Prado Bugallo se declaró inocente y negó su participación en ambas operaciones, así como que coordinara el transporte de dinero a Colombia mediante correos humanos. «No supervisé ninguna infraestructura ni di instrucciones en ninguna organización de tráfico de drogas, eso sale de la imaginación del fiscal», subrayó, al asegurar que el efectivo confiscado en el aeropuerto de Madrid no era suyo.
La Audiencia Nacional, sin embargo, ha rechazado esa versión y considera acreditado que dirigía la organización que preparó ambas operaciones. En su informe final, la Fiscalía insistió en el reparto de papeles y definió a Sito Miñanco como el «máximo y único responsable» del entramado. «Era el jefe o míster, por más que no le guste que le llamaran jefe porque supone seis años más de condena», explicó el Ministerio Público, que destacó que nadie hacía nada sin su consentimiento, conocimiento y aprobación. Un policía encargado de la investigación resumió durante el juicio el «poderío» de la organización, que operaba con reuniones secretas y maletas llenas de dinero.
En cuanto a las operaciones de blanqueo enjuiciadas, la Sala ha descartado todas salvo la relacionada con Autos Vicmar, al considerar probado que Miñanco y su pareja utilizaron esta empresa para ingresar dinero procedente de la venta de droga y darle apariencia de una actividad empresarial lícita.