Ocho organizaciones sindicales de empleados públicos han presentado una campaña conjunta para exigir la recuperación íntegra de las pagas extraordinarias que fueron recortadas en 2010 como medida de austeridad durante la crisis financiera. La iniciativa, que se desarrollará durante los próximos meses, reclama el fin de una reducción salarial que se ha mantenido durante dieciséis años y que afecta a unos 2,9 millones de funcionarios y personal estatutario en España.
La campaña está impulsada por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA), el Sindicato Médico de Euskadi (SME), la Federación de Cuerpos Superiores de la Administración (Fedeca), el sindicato de funcionarios de prisiones Tu Abandono Me Puede Matar (Tampm), la Unión Sindical de Inspectores de Educación (USIE), el Sindicato Independiente de Educación ANPE y el Sindicato Unificado de Policía (SUP). Los representantes de estas organizaciones han explicado que el recorte, adoptado como medida temporal y excepcional, se ha prolongado de forma injustificada, generando una pérdida de poder adquisitivo muy superior a la prevista inicialmente.
Según los cálculos sindicales, la reducción de las pagas extraordinarias supone actualmente una merma media anual de 1.000 euros por empleado público. Desde su aplicación, se han retenido 48.000 millones de euros en este concepto salarial, según ha recordado el sindicato CSIF, que espera un pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre su recurso contra el rechazo de la Mesa del Congreso a tramitar una Iniciativa Legislativa Popular para recuperar la estructura salarial previa a 2010.
Los sindicatos subrayan que a la pérdida del importe inicial se suma la revalorización anual que se ha dejado de percibir, mientras que las subidas salariales posteriores han sido lineales. Esta combinación ha agravado progresivamente la pérdida de poder adquisitivo del personal funcionario y estatutario, que sigue discriminado respecto a otros colectivos profesionales. Las organizaciones consideran una contradicción que se haya dado por superado el contexto de crisis económica que justificó el recorte, pero que la medida se mantenga intacta dieciséis años después.
Ante la intención del Ejecutivo de elaborar los Presupuestos Generales del Estado de 2027 en los próximos meses, los sindicatos han decidido intensificar sus acciones. Han solicitado reuniones con los responsables de los grupos parlamentarios con representación en el Congreso y el Senado para pedir una postura común durante la tramitación de la ley, así como con los ministerios implicados. Además, están cerrando fechas para realizar movilizaciones conjuntas frente a las instituciones encargadas de revertir esta medida.
En el acto de presentación de la campaña han participado Miguel Lázaro, presidente de CESM; Pilar Ortega, vocal de Fedeca; Ana Alarcón, secretaria de Comunicación y portavoz del SUP; María Cristina del Villar Rodríguez, de la Ejecutiva Nacional de Tampm; Francisco Venzalá, presidente de ANPE; Pilar González, secretaria nacional de USIE, y Néstor Morchón, vicepresidente del SME. Todos ellos han coincidido en la necesidad de que los partidos políticos se pronuncien y adopten una posición clara sobre la recuperación de las pagas extraordinarias.
La campaña sindical se produce en un contexto de creciente presión social por la pérdida de poder adquisitivo de los empleados públicos, que reclaman equiparación con otros sectores. Las organizaciones advierten de que, si no se atiende su demanda, continuarán con las movilizaciones y llevarán el conflicto a las calles en los próximos meses. El objetivo final es que la recuperación de las pagas extra se incluya en los próximos presupuestos y se restituya de forma íntegra lo antes posible.