La jueza María Tardón, de la Audiencia Nacional, ha citado como investigado al exdelegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, que deberá declarar el 18 de noviembre. Es el primer imputado en la causa que investiga un presunto delito contra la paz e independencia del Estado por la entrada masiva de migrantes en la ciudad a finales de julio, una citación que llega además en plena precampaña electoral.
Pérez Triano dimitió en septiembre alegando presiones familiares. Desde entonces sostiene que advirtió al Gobierno semanas antes de la entrada masiva en la ciudad autónoma. La clave del procedimiento es determinar qué alertas recibió el exdelegado y si las trasladó a la cadena de mando. La investigación analiza también si las autoridades marroquíes impulsaron el paso de la frontera y si la respuesta del Estado español pudo generar responsabilidades penales, un doble frente que la magistrada no ha cerrado todavía.
En el centro de la pesquisa aparece también el jefe de gabinete de la Delegación, Gonzalo Sanz, que mantuvo intercambios de mensajes con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) desde el 29 de julio, en pleno desarrollo de los acontecimientos. Sanz asegura que trasladó a Pérez Triano las alertas recibidas del servicio de inteligencia, extremo que el exdelegado niega de forma explícita. La versión de uno y otro es, precisamente, el núcleo que la jueza necesita contrastar para reconstruir qué sabía la cadena de mando antes de la crisis. Sanz presentó su dimisión el 11 de septiembre y declaró como testigo el 1 de octubre.
La magistrada investiga, además, la presunta interrupción deliberada de las comunicaciones de emergencia en España entre el 28 de julio y el 5 de agosto, un periodo en el que el dispositivo de alerta y coordinación habría estado bajo presión. Por ahora, sin embargo, la jueza afirma que no existe ninguna prueba objetiva de ciberataques ni de interferencias electrónicas. Esa ausencia de evidencias técnicas deja la hipótesis en un terreno todavía indefinido y obliga a centrar la instrucción en la documentación de las decisiones y de los avisos recibidos.
El caso se produce en un momento de fuerte confrontación política. El Partido Popular utiliza estas actuaciones judiciales en su mensaje de cara a las próximas elecciones, en un contexto en el que también se han producido operaciones de la Guardia Civil relacionadas con el Ministerio de Igualdad y con el Tribunal de Cuentas. Estas últimas se enmarcan en investigaciones sobre la financiación del PSOE y sobre las pulseras antimaltrato, asuntos distintos que, sin embargo, coinciden en el calendario político y alimentan la tensión entre el Gobierno y la oposición.
Por último, un segundo frente se ha abierto con la defensa de Koldo García, cuya abogada sostiene que los dos encargos de su despacho suman 242.000 euros, abonados por el editor de Okdiario. La información procede de la propia defensa y se suma a un escenario judicial y mediático ya muy cargado, en el que cada nueva actuación se interpreta en clave electoral.