España ha experimentado un «deterioro sostenido» de sus estándares de calidad democrática durante la legislatura que está a punto de concluir, según el Informe del Estado de derecho elaborado por la Fundación Hay Derecho. El documento, de 201 páginas y centrado en los años 2024, 2025 y 2026, advierte de que el país reincide en problemas estructurales ya detectados en ediciones anteriores y muestra una degradación más acusada en los contrapesos institucionales que en la dimensión estrictamente electoral.
El análisis examina cuatro áreas principales: la corrupción política, el abuso del decreto-ley como forma ordinaria de legislar, la politización de la judicatura y la Fiscalía, y el aumento de las presiones sobre los periodistas. En este último ámbito, España obtiene un 53% en el índice global de riesgo del Media Pluralism Monitor 2026, lo que la sitúa en la banda de riesgo medio-alto. Su peor área es el pluralismo de mercado, con un 61%. Además, el 51% de los periodistas contratados afirma haber sufrido presiones en el ejercicio de su profesión, frente al 44% de 2024. El informe también señala que España aún no ha completado la transposición de la directiva europea contra las demandas abusivas para silenciar a periodistas (anti-SLAPP), pese a que el plazo comunitario expiraba el 7 de mayo de 2026.
Los indicadores internacionales reflejan esta tendencia. En el Democracy Index de The Economist, España pasa de 8,34 puntos hace una década a 8,13, una caída de 0,21 puntos. En el Rule of Law Index del World Justice Project, desciende del puesto 23 en 2022 al 25 en 2024 y 2025. Según el Eurobarómetro de octubre de 2025, solo el 51% de los españoles se declara satisfecho con el funcionamiento de la democracia, tres puntos por debajo de la media de la Unión Europea.
La politización de la Justicia es uno de los puntos más críticos. Aunque el acuerdo entre PSOE y PP de junio de 2024 puso fin a más de cinco años y medio de bloqueo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y permitió el nombramiento de Isabel Perelló como primera mujer al frente del CGPJ y del Tribunal Supremo, el reparto de puestos se mantuvo por bloques. Los propios jueces puntúan la independencia del órgano con un 3,4 sobre 10, la nota más baja de Europa. El informe subraya que el problema de fondo son los nombramientos discrecionales: de los primeros 56 que resolvió el Consejo renovado, 26 recayeron en la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y 13 en Juezas y Jueces para la Democracia, las dos asociaciones alineadas con los partidos del pacto, mientras los jueces no asociados, el 42% de la carrera, obtuvieron 7. En mayo de 2026, la Sala Tercera del Tribunal Supremo anuló por primera vez uno de esos nombramientos por falta de motivación.
En el Ministerio Fiscal, el Tribunal Supremo condenó el 20 de noviembre de 2025 al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos, la primera condena penal a quien ocupaba ese cargo en toda la democracia. La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que atribuiría la instrucción penal al Ministerio Fiscal y desvincularía el mandato del fiscal general del Gobierno, no ha prosperado. El informe advierte de que esa desvinculación no bastaría por sí sola: mientras los nombramientos de la cúpula fiscal sigan en manos del fiscal general de turno y no se refuercen los contrapesos internos ni los mecanismos de transparencia, el nuevo modelo puede trasladar los problemas actuales a una institución jerárquica cuya cúspide seguiría designando el Gobierno.
El informe también aborda la forma de gobernar y legislar. El decreto-ley se consolida como forma ordinaria de legislar: 11 normas en 2024, 17 en 2025 y otras 11 en lo que va de 2026. España encadena, asimismo, tres años sin Presupuestos Generales del Estado. El Tribunal Constitucional lleva más de nueve meses sin poder renovar a cuatro de sus magistrados y decide ya cuatro de cada diez sentencias del Pleno por bloques ideológicos enfrentados. En materia de corrupción, España registra en 2025 su peor nota desde 2012 en el Índice de Transparencia Internacional, con 55 sobre 100 puntos. El Plan Estatal Anticorrupción, aprobado en julio de 2025 con asesoramiento de la OCDE, cumple más de un año sin haber ejecutado ninguna de sus 15 medidas.