La Audiencia Provincial de Madrid ha dado luz verde a la celebración de un juicio con jurado contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por los delitos de tráfico de influencias y malversación de fondos públicos. El tribunal ha completado así la instrucción iniciada por el juez Juan Carlos Peinado, cuyo trabajo ha sido objeto de numerosas críticas y correcciones judiciales a lo largo del proceso.
La decisión de la Audiencia supone un paso adelante en un caso que ha generado una intensa controversia política y judicial en España. Los magistrados han aceptado la tesis del instructor de que Gómez podría haber utilizado su «privilegiada posición» como cónyuge del presidente para obtener beneficios económicos, aunque han reducido significativamente el alcance de la acusación inicial. El tribunal descartó otros delitos que Peinado había intentado incorporar, como la presunta implicación del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que fue rápidamente desestimada por el Tribunal Supremo.
Según el auto de la Audiencia, los indicios apuntan a que Begoña Gómez habría ejercido una «presión moral eficiente» sobre varias personas para que colaboraran en la promoción de sus intereses económicos, lo que podría constituir un delito de tráfico de influencias. Además, se le imputa malversación por el presunto uso indebido de recursos públicos, en concreto, el trabajo de una asesora personal en el complejo de La Moncloa. Los jueces subrayan que su condición de esposa del presidente le otorgaba un acceso y una capacidad de influencia que no habría tenido un ciudadano común.
Sin embargo, el auto ha sido recibido con escepticismo por parte de analistas jurídicos y políticos, que señalan la falta de pruebas concretas de una presión irresistible que hubiera obligado a alguien a favorecer a Gómez en contra de su voluntad. La investigación no ha logrado identificar ningún caso claro en el que se hubiera producido una coacción o un intercambio ilícito de favores. El tribunal menciona como precedente el caso Nóos y la condena a Iñaki Urdangarin, quien fue condenado por la influencia que ejercía al estar casado con la infanta Cristina, pero los propios magistrados reconocen que las cantidades económicas implicadas en ambos casos no son comparables.
Uno de los puntos centrales de la acusación se refiere a la dirección de una cátedra extraordinaria en la Universidad Complutense de Madrid que le fue concedida a Gómez. La Audiencia sostiene que este cargo le reportó «prestigio personal o reputacional de su carrera académica con acceso a múltiples recursos y eventos». No obstante, el rector de la Complutense declaró que no fue obligado a tomar esa decisión, y un vicerrector confirmó que, aunque el proceso fue más rápido de lo habitual, en ningún momento se violó la ley. En la universidad existen registradas 44 cátedras extraordinarias, muchas de ellas patrocinadas por empresas privadas, lo que forma parte de la financiación habitual de la institución.
El auto también aborda los ingresos económicos de Gómez, afirmando que «disparó sus ingresos de forma exponencial», aunque matiza que se trata de «cifras muy moderadas». Esta contradicción ha sido destacada por diversos expertos, que cuestionan la solidez de los argumentos económicos presentados. La falta de claridad sobre si las cantidades son elevadas o reducidas refleja, según los críticos, la debilidad de la base probatoria del caso.
El proceso judicial ha estado marcado por las continuas correcciones de la Audiencia a los autos del juez Peinado, que fueron anulados en un porcentaje inusualmente alto por errores jurídicos, falta de motivación y redacción deficiente. Esta situación ha llevado a algunos sectores a denunciar una posible intromisión del poder judicial en la política, especialmente después de que varios magistrados y asociaciones judiciales se manifestaran contra la ley de amnistía antes de que el proyecto de ley estuviera redactado. Para estos críticos, la separación de poderes se ha visto comprometida, ya que algunos jueces parecen haber actuado con motivaciones políticas.
El caso de Begoña Gómez se ha convertido en un símbolo de la creciente tensión entre el Gobierno y el poder judicial en España. Mientras que desde el Ejecutivo se defiende la inocencia de la esposa del presidente y se critica la actuación del juez Peinado, desde la oposición se insiste en la necesidad de que la justicia actúe con independencia. La decisión de la Audiencia de Madrid de confirmar el juicio con jurado abre ahora un nuevo capítulo judicial que podría prolongarse durante meses, con un impacto político impredecible.
El juicio, que se celebrará ante un jurado popular, será un escrutinio público de las acusaciones contra Gómez. La defensa tendrá la oportunidad de rebatir los indicios presentados por la acusación y de demostrar que no hubo delito. El resultado del proceso no solo afectará a la vida personal y profesional de Begoña Gómez, sino que también podría tener consecuencias para la estabilidad del Gobierno de Pedro Sánchez, en un contexto político ya de por sí complejo.