El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este martes el proyecto de ley del estatuto marco, la norma que regula las condiciones laborales del personal del Sistema Nacional de Salud, pese al rechazo frontal de los sindicatos médicos, que amenazan con convocar una huelga indefinida durante el otoño. El texto iniciará así su tramitación parlamentaria después de que el Ministerio de Sanidad lo remita al Congreso, según han confirmado fuentes gubernamentales.
La reforma ha generado una fuerte controversia desde su gestación. Varias comunidades autónomas llegaron a reclamar al Ministerio de Sanidad la reapertura de las negociaciones, una petición que fue rechazada tanto por la ministra Mónica García como por los sindicatos de base con los que se pactó el texto tras tres años de diálogo. El proyecto ya superó una primera vuelta el pasado 2 de junio y ahora se eleva al Consejo en su versión definitiva, paso previo a su envío a la Cámara Baja para iniciar el procedimiento legislativo.
Entre las medidas más destacadas, la reforma elimina las guardias médicas de 24 horas y las reduce a un máximo de 17, prohíbe realizar jornadas ordinarias después de una guardia y establece un tope de 45 horas semanales, por debajo del límite europeo de 48 horas. Estos cambios, sin embargo, no satisfacen a los sindicatos médicos CESM, SMA y la plataforma Apemyf, que mantienen sus reivindicaciones de contar con un estatuto propio y un ámbito de negociación exclusivo.
Los colectivos médicos también reclaman una nueva categoría profesional, la denominada A1+, y jornadas que no superen las 35 horas semanales, un límite que ya está vigente en varias autonomías. Antes del parón estival, advirtieron de que, si no se producían avances en sus demandas, intensificarían las movilizaciones del último año, en el que ya han convocado cinco huelgas médicas, y llamarían a un paro indefinido en septiembre. Los sindicatos preparan ahora la hoja de ruta de esa protesta, que incluye una elevada disposición a renunciar a las denominadas peonadas, los módulos, los doblajes y otras actividades extraordinarias.
Mientras los médicos rechazan el texto, otros colectivos profesionales afectados por el estatuto marco urgen su aprobación. Es el caso de Enfermería, para quien la reforma supondría el reconocimiento de su categoría profesional como grado universitario, acorde a su formación y competencias, en lugar de diplomatura como ocurre actualmente. Esta diferencia de percepción refleja la complejidad de un acuerdo que el Gobierno defiende como un avance en las condiciones laborales del personal sanitario, pero que los facultativos consideran insuficiente para resolver sus demandas históricas.