El exdirector general de la Guardia Civil Leonardo Marcos ha negado este jueves ante el juez que presionara a la Unidad Central Operativa (UCO) para que se pusiera «de perfil» en la investigación sobre David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno. La comparecencia, en calidad de imputado, se enmarca en el caso Leire y supone un nuevo capítulo en el pulso entre el antiguo mando del instituto armado y los responsables de la unidad que elaboró el informe sobre el hermano de Pedro Sánchez.
Según fuentes judiciales, Marcos ha sostenido que en ningún momento dio instrucciones para condicionar el contenido del informe policial ni para que los agentes adoptaran una posición discreta. Su declaración contradice de forma directa la versión de los ex jefes de la UCO, que en comparecencias anteriores ante el mismo juez aseguraron haber recibido presiones para que el documento sobre David Sánchez saliera «limpio», es decir, sin elementos incriminatorios.
El caso Leire investiga el presunto uso irregular de fondos reservados y la posible existencia de una trama de seguimiento a cargos políticos y periodistas. En ese contexto, la UCO elaboró un informe sobre las actividades de David Sánchez que, según los ex responsables de la unidad, fue objeto de maniobras internas para rebajar su alcance. La declaración de Marcos como imputado responde a la necesidad del juez de aclarar quién ordenó o toleró esas supuestas presiones y con qué finalidad.
Leonardo Marcos fue director general de la Guardia Civil entre 2024 y su cese posterior. Su comparecencia ante el juez se produce después de que los ex jefes de la UCO declararan que recibieron indicaciones para no profundizar en determinados aspectos de la investigación. Esas manifestaciones pusieron el foco sobre la cúpula del instituto armado y sobre la posible interferencia del poder político en una investigación policial sensible.
La Unidad Central Operativa es el servicio de élite de la Guardia Civil encargado de las investigaciones más complejas, incluidas las de corrupción y delincuencia organizada. Su actuación en el caso Leire y en el informe sobre David Sánchez ha sido cuestionada desde distintos frentes, lo que ha llevado al juez a interrogar a los responsables de la unidad y a sus antiguos superiores jerárquicos para determinar si hubo injerencias indebidas.
La declaración de Marcos se ha prolongado durante varias horas y en ella el exdirector ha respondido a las preguntas del magistrado y de las acusaciones personadas. Fuentes presentes en la comparecencia señalan que mantuvo una línea de defensa firme, negando cualquier tipo de presión y atribuyendo las decisiones operativas a los mandos naturales de la UCO. Los ex jefes de la unidad, por el contrario, sostienen que las instrucciones recibidas buscaban proteger al hermano del presidente y evitar que el informe pudiera tener consecuencias penales.
El caso Leire sigue generando una notable atención pública y política. La investigación afecta a la cúpula de la Guardia Civil y a la relación entre el Gobierno y las fuerzas de seguridad, un asunto especialmente delicado en el actual contexto parlamentario. La comparecencia de Marcos como imputado añade presión sobre el Ejecutivo, que ha defendido en todo momento la independencia de la Justicia y ha rechazado cualquier injerencia en el trabajo policial.
El juez deberá ahora valorar las contradicciones entre los testimonios y decidir si existen indicios suficientes para adoptar nuevas medidas. La causa continúa bajo secreto parcial y se esperan más declaraciones en las próximas semanas. La UCO, por su parte, mantiene su condición de unidad de referencia en la investigación, aunque su actuación en este caso ha quedado marcada por la polémica sobre la supuesta orden de ponerse «de perfil».