El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ha enterrado definitivamente cualquier expectativa de alternancia democrática en el país al afirmar que su régimen no permitirá nuevos procesos electorales que puedan poner en riesgo el control del oficialismo. Durante un discurso con motivo del 47 aniversario de la revolución sandinista, el mandatario de 80 años aseguró que «en Nicaragua no volverán a haber elecciones para que por allí intente la oposición atrapar el Gobierno». Estas declaraciones suponen un golpe definitivo a las ya debilitadas instituciones democráticas del país centroamericano.
Ortega, un exguerrillero sandinista que gobierna Nicaragua desde 2007, ha ido concentrando progresivamente el poder en sus manos. Desde 2017, su esposa, Rosario Murillo, ocupó la vicepresidencia, y en febrero de 2025 fue designada copresidenta mediante una reforma constitucional que transformó profundamente la estructura del Estado. En su intervención, el mandatario se refirió a los opositores en el exilio como personas «agazapadas» y los acusó de querer ganar unas elecciones únicamente para enriquecerse. «Se olviden», sentenció, «aquí no volverá a haber elecciones».
El movimiento opositor Renacer ha alertado de que el régimen ha renunciado abiertamente a la democracia. En un comunicado, la organización señaló que al afirmar que no permitirá que la oposición llegue al poder mediante elecciones, «Ortega reconoce que el pueblo nicaragüense ha sido despojado de su derecho soberano a elegir y sustituir libremente a sus gobernantes». Renacer subrayó que «mientras él permanezca en el poder, no existen las condiciones mínimas para un proceso democrático auténtico. Sin garantías, sin libertades, sin competencia política y con el resultado decidido de antemano, las elecciones dejan de ser un mecanismo de soberanía popular para convertirse en un instrumento de legitimación de la dictadura».
Ortega también anunció que trabajará con la Asamblea Nacional y con las organizaciones correspondientes para elaborar «leyes para que pongan un muro o un bloque a los golpistas, a los vendepatrias, y que por mucha plata que le den los yanquis, no podrán». Esta retórica, habitual en el discurso del mandatario, refuerza la idea de un cierre total del espacio político para cualquier voz disidente, tanto dentro como fuera del país.
La reforma constitucional aprobada a mediados de febrero de 2025 ya había sentado las bases para este escenario. La enmienda eliminó el equilibrio de poderes, otorgó un poder total a Ortega y Murillo, amplió el período presidencial de cinco a seis años, estableció la figura de «copresidenta» y legalizó la apatridia. Esta reforma fue duramente criticada por la Organización de las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, Estados Unidos y el Parlamento Europeo, que la consideraron un paso más hacia el autoritarismo.
Nicaragua debía celebrar elecciones en noviembre de 2026, pero las enmiendas constitucionales ya habían retrasado los comicios hasta noviembre de 2027. Con las recientes declaraciones de Ortega, la vía electoral queda completamente liquidada, eliminando cualquier posibilidad de que la oposición pueda acceder al poder mediante mecanismos democráticos. La comunidad internacional observa con preocupación la deriva autoritaria del régimen, mientras la oposición en el exilio y dentro del país busca alternativas para restaurar la democracia en una nación que lleva casi dos décadas bajo el control del sandinismo.