Los cuatro acusados de introducir 400 kilos de cocaína desde Colombia para su distribución en la Costa del Sol fueron detenidos este jueves en la propia sala de vistas y enviados a prisión provisional hasta que se dicte sentencia. El tribunal acordó el ingreso en la cárcel al apreciar riesgo de fuga, en contra del criterio de las defensas, que habían solicitado su absolución y rechazado la petición de la Fiscalía.
Los procesados, conocidos por los alias Kaliman, Hermano, Conde y Mayor, permanecían en libertad bajo medidas de control desde hacía varios meses. No anticipaban que, al quedar el juicio visto para sentencia, el presidente del tribunal ordenaría su detención inmediata en la sala. Casi una veintena de agentes acudieron para esposarlos y asegurar los arrestos, un despliegue por el que el juez David Cubero pidió disculpas a los letrados, alegando razones de seguridad.
La decisión judicial se fundamenta en las penas solicitadas por la Fiscalía —once años de prisión y una multa de 40 millones de euros para cada uno—, en las pruebas practicadas durante la vista oral y en dos fugas previas registradas en la causa. Una de ellas ocurrió hace apenas unas semanas en la propia Audiencia Provincial de Madrid, cuando un investigado aprovechó una comparecencia para decidir un eventual reingreso en prisión y escapó tras entregar su DNI a los funcionarios. El documento sigue en la Sección 16 de la audiencia madrileña.
El juicio, que ha estado marcado por episodios propios de una serie, se centró en un alijo de 500 kilos de cocaína —100 de ellos fuera de esta causa— que llegó al aeropuerto de Barajas procedente de Colombia bajo la vigilancia de agentes encubiertos colombianos y españoles. Los policías españoles, con claves como Croca, Souba, Estrella, Lego o Portobello, hicieron creer a los presuntos narcos que colaborarían con ellos trasladando la droga desde Madrid a la Costa del Sol.
Tras múltiples contactos y encuentros, incluido uno para comprobar la existencia y pureza de la cocaína, los agentes consiguieron que el grupo criminal entregase 150.000 euros y acudiese a recoger 200 kilos del estupefaciente. En ese momento se practicaron las detenciones. Los cuatro procesados negaron los delitos contra la salud pública y pertenencia a grupo criminal, y afirmaron no tener relación con los 400 kilos que la Policía siguió desde Colombia hasta España en abril de 2023.
Las defensas solicitaron la absolución al considerar que el delito no está acreditado y sostienen que la causa podría ser anulada. Cuestionan el origen de la operación, la validez de las actuaciones de los agentes encubiertos y la competencia de la Audiencia madrileña frente a la Audiencia Nacional. Antes del inicio del juicio se ofreció en dos ocasiones a los acusados un acuerdo para reconocer los hechos y obtener una rebaja de la pena, propuesta que rechazaron.
El tribunal ha decretado el ingreso en prisión de todos los acusados apuntando en un escrito a la probabilidad de que la sentencia resulte condenatoria, según fuentes jurídicas. La decisión supone un giro inesperado en un procedimiento que, pese a sus tintes cinematográficos, refleja la realidad de las redes de narcotráfico que operan entre Colombia y la costa española.